Alberto Zapico insiste en que el 10% de las viviendas del barrio deben ser de protección oficial
El PSOE mantiene la amenaza de llevar a Pongesur ante el juez por La Rosaleda
Rechaza la justificación de Riesco y apunta que los convenios también «tienen que ajustarse a la ley»
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El culebrón por la subasta de las últimas parcelas edificables en el barrio de La Rosaleda no termina. El concejal y portavoz del PSOE en el área de Urbanismo, Alberto Zapico, rechazó ayer las explicaciones dadas por el alcalde popular, Carlos López Riesco, ante el supuesto incumplimiento de la cuota mínima del 10% de vivienda protegida (VPO) que marca la ley que denuncian los socialistas. Asimismo, mantiene la amenaza de acudir a la vía judicial para que el Ayuntamiento de Ponferrada ponga a disposición de las administraciones el suelo necesario para la construcción del número de viviendas protegidas que establecido legalmente. Para Zapico, el hecho de que la empresa Ponferrada Gestión Inmobiliaria (Pongesur) y el Ayuntamiento firmaran un convenio hace siete años no explica nada y no implica que esté ya resuelta la cuestión del «escandaloso» déficit de viviendas protegidas en la nueva barriada. «Tenemos que recordarle al Señor Riesco, alcalde de Ponferrada, y al Señor Riesco, presidente del Consejo de Administración de Pongesur, que son muy libres para firmar los convenios que quiera pero que éstos tienen que ajustarse a la ley», aseveró el concejal socialista. A este respecto, insistió en que la ley dice «claramente» que el 10% de las viviendas de La Rosaleda tienen que ser de protección oficial, al tiempo que volvió a denunciar la opacidad de Pongesur, «un organismo donde muy pocas personas deciden el futuro de Ponferrada especulando con el suelo público para hacer del problema de la vivienda un negocio». Por otro lado, y en relación a las declaraciones de Riesco en las que aconsejaba a los socialistas «mirar hacia el futuro», Alberto Zapico es claro: «Vemos lógico que Riesco prefiera mirar al futuro, su pasado urbanísticamente hablando es lamentable». En esta línea, apuntó que Carlos López Riesco «acumula un rosario de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León» por cuestiones urbanísticas que, ironizó, «harían sonrojarse a cualquier cargo público que se precie».