Denuncian por prevaricación al jefe de Industria en un litigio pizarrero

Una empresa pizarrera del Bierzo, Pizarras El Picón, pretende sentar en el banquillo de los acusados, por un presunto delito de prevaricación continuada, al jefe del servicio de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León, Emilio Fernández Tuñón. En esa dirección se articula la denuncia que ha presentado en el Juzgado de Primera Instrucción número uno de León contra el alto funcionario de la Delegación Territorial al que se acusa de favorecer supuestamente los intereses de una cantera colidnante en un conflicto sobre los lindes de ambas concesiones. La instrucción del caso, que debería cobrar un nuevo ritmo a partir de ahora, arranca sin embargo hace nada menos que 14 años atrás. En 1990 Pizarras del Carmen solicitó la ampliación de su cantera en La Baña (Encinedo) sobre una superficie de 18 hectáreas propiedad de Pizarras El Picón, que sin embargo no fue informada debidamente. Sin resolver el expediente, y tal como consta en las denuncias de El Picón, su vecina comenzó a desescombrar sin las pertinentes autorizaciones. El Picón denunció a El Carmen ante la sección de Medio Ambiente de la que entonces era responsable Tuñón. Pero no sólo no se tramitaron las denuncias, sino que desde dicho área se otorgó luz verde al expediente de ocupación de Pizarras del Carmen sin dar audiencia a Pizarras El Picón sobre los terrenos de su titularidad en los que se estaba desescombrando y luego también abriendo accesos e instalando balsas. A raíz de todo ello, los denunciantes apelaron al servicio de Industria, donde en esos momentos todavía no se hallaba al frente Tuñón, y en orden a la Ley de Minas se declaró en 1996 la paralización de las labores de El Carmen en terrenos de El Picón. Minas paraliza Aunque al no detenerse los trabajos, en noviembre 1998 aún se emitió otra resolución declarando la intrusión de Pizarras del Carmen y ordenando la «paralización inmediata» de dicha intrusión. Pero en ese mismo mes Emilio Fernández Tuñón asumió la jefatura del servicio de Industria, Comercio y Turismo, y según reza en la denuncia presentada por el grupo pizarrero El Picón la resolución no se llegó a ejecutar en ningún caso. Por esa razón, antes de llegar al punto actual de denunciar al funcionario público por presenta prevaricación, la empresa que se siente perjudicada acudió al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de León para reclamar sus derechos. Esa sala dictó una sentencia en junio del 2006 en la que se declara la paralización de las labores mineras que Pizarras del Carmen estaba llevando a cabo dentro de los dominios de El Picón. Dicha sentencia fue recurrida, pero un auto de finales del año 2006 acordó su ejecución sin ningún tipo de caución o medida aseguratoria siquiera. Sentencia desoída Aunque los abogados de El Picón acudieron al jefe de Industria para que se cumpliera la sentencia, advirtiéndole de que podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad, lo cierto que es Fernández Tuñón, siempre según recoge la denuncia por presunta prevaricación, optó por acudir directamente en defensa de los intereses de Pizarras del Carmen. Redactó supuestamente un «pseudo-informe» para justificar la improcedencia de la paralización de las labores y en el mismo aludía a los daños económicos y sociales que se originarían a la empresa afectada por la orden judicial de detención de sus trabajos. La querella en marcha Por su negativa a cumplir con el auto del juez y también porque mientras tanto se han seguido firmando los planes de labores presentado por Pizarras del Carmen sobre la zona objeto del pleito, la acusación considera que el jefe de Industria, Comercio y Turismo está incurriendo presuntamente en un «delito de prevaricación continuada, previsto en el artículo 404 del Código Penal». Emilio Fernández Tuñón, según ha podido conocer este periódico, ya ha acudido a declarar en la querella ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital de la provincia, pero en sus manifestaciones ante el titular de la sala acusó a dos funcionarios que jerárquicamente dependen de él de la iniciativa y autoría del informe en cuestión que argumentaba la negativa a cumplir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso para paralizar la actividad de Pizarras del Carmen en dominios de El Picón.