Fletados dos autobuses con trabajadores del Bierzo y resto de la provincia para la manifestación
Los funcionarios de Justicia colapsan los servicios mínimos del Registro Civil
La huelga, secundada al 98%, mantiene paralizada la actividad judicial en Ponferrada Más de 30
La imagen tomada ayer a media mañana muestra la cola de funcionarios que colapsó el Registro Civil
La huelga de los funcionarios y personal laboral de Justicia comienza a ser preocupante ante el trabajo que se acumula y ante la falta de soluciones al conflicto. En los juzgados de Ponferrada, los funcionarios colapsaron ayer los servicios mínimos que vienen operando en el Registro Civil. Los trabajadores en paro hicieron colas ante los despachos situados en la planta baja de este servicio administrativo que por ley permanece abierto al público, incrementando así la presión por diferencias salariales que mantienen con el Ministerio de Justicia. La huelga está siendo secundada al 98%, según los datos facilitados por la plataforma sindical integrada por CSI-Csif, CC. OO., UGT y Staj. Y en este caso la cifra no es cuestionada por nadie, puesto que quien acuda estos días al Palacio de Justicia de Ponferrada puede constatar de primera mano que no existe prácticamente actividad judicial. No se celebran juicios desde hace una semana. Eso sí, se están respetando los servicios mínimos considerados esenciales, pero también con presión de los huelguistas con acciones como las emprendidas en la pasada jornada. Además del Registro Civil, están en mínimos el registro de documentos, y se da curso a todas aquellas actuaciones en las que venza un plazo preestablecido por la ley, cuyo incumplimiento pueda suponer pérdida o perjuicio de derechos. También se procede con las medidas judiciales cautelares o provisionales. Existe igualmente servicio de guardia en juzgados y fiscalías. Además, aunque no ha sido el caso, los mínimos marcan también juicios orales del orden penal en causas con preso. Se completan esos servicios esenciales con los denominados «servicios comunes», que afectan al registro, reparto y notificaciones y embargos. El Ministerio les ofrece 180 euros de incremento, pero lo consideran un engaño, porque son 40 euros este año, 50 en el 2009 y otros 90 a medida que se implante la nueva oficina judicial. Mañana 150 funcionarios de la provincia se manifestarán en Madrid.