Diario de León

El Alto Tribunal no admite el recurso de Pongesur contra la sentencia que anulaba la adjudicación

El Supremo ratifica la ilegalidad en la retirada de la montaña de carbón

Saavedra pide la intervención del Estado y que Riesco pague las costas de su propio bolsillo

Imagen de archivo de los trabajos de retirada de la montaña de carbón, hace ya seis años

Imagen de archivo de los trabajos de retirada de la montaña de carbón, hace ya seis años

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Vanessa Silván - ponferrada
Ponferrada

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El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación presentado por la empresa municipal Ponferrada Gestión Urbanística (Pongesur) contra la sentencia emitida en abril del año pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anulaba el procedimiento de adjudicación de las obras de retirada de la montaña de carbón de la capital berciana. Una nueva resolución en contra de la gestión urbanística llevada a cabo por el equipo de gobierno popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, que además ha sido condenar a pagar las costas procesales derivadas por el recurso. Y es que según recoge la propia sentencia, «como ya ha dicho constantemente esta Sala, dichas resoluciones no son susceptibles de recurso de casación», cerrando la puerta a ninguna otra actuación y declarando firme la resolución del TSJCyL. Una nueva resolución judicial que, según subrayó el portavoz municipal del PSOE, Ricardo González Saavedra, viene a dar la razón a las constantes denuncias que en materia urbanística se han realizado desde filas socialistas. «Ya suman siete sentencias judiciales graves por 'trapicheos' urbanísticos», aseveró Saavedra, al tiempo que estimó en más de 12 millones de euros la cantidad que el Consistorio dejó de ingresar al adjudicar la retirada de estériles a Victorino Alonso. Inspección del Estado Por otro lado, el portavoz socialista espera que desde el Estado se investiguen los hechos y se intervenga para impedir que Riesco y su equipo de gobierno salgan impunes. «No estaría de más alguna inspección por parte del Estado», afirmó Saavedra, quien cree que serían el alcalde y sus concejales quienes debería pagar de su propio bolsillo las costas del proceso en lugar del erario público. «Esperamos que en breves podamos reponer a Ponferrada de todos estos perjuicios que la insensatez y la imprudencia de esta gente ha traído a nuestro municipio», señaló el socialista, para quien es «inviable» ejecutar por la imposibilidad de volver a colocar la montaña de carbón en sus sitio para que la empresa concesionaria devuelva el dinero. Aún así, estudian con sus servicios jurídicos qué acciones legales se pueden emprender. «No estaría de más una inspección del Estado» RICARDO G. SAAVEDRA Portavoz municipal del PSOE

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