Los socialistas piden en una moción la disolución urgente de la sociedad
El PSOE exige que una gerencia asuma las funciones de Pongesur
Saavedra cree que de esta forma será posible el control político, económico y judicial de su gestión
La guerra declarada por el PSOE a la sociedad Ponferrada Gestiones Urbanísticas (Pongesur) continúa abierta y ayer registraron una moción que exige su disolución inmediata y que todas sus competencias urbanísticas vuelvan a manos del Ayuntamiento de Ponferrada. Según el portavoz socialista, Ricardo González Saavedra, esta sociedad sólo ha servido al equipo de gobierno que dirige Carlos López Riesco para «evitar el control político de la oposición y el control jurídico y económico de los funcionarios habilitados para ello». Así, consideró que Pongesur se ha convertido en un agente especulador del suelo «que a permitido enriquecerse a unos pocos a cargo de lo que es de todos». «Hace y deshace sin ningún tipo de control. En Pongesur todo vale», insistió Saavedra, al tiempo que señaló que sólo ha causado «perjuicios económicos» al municipio por «una mala gestión de los contratos y otras actividades». Y es que en su opinión, la sociedad urbanística no ha aportado nada al Ayuntamiento de Ponferrada, que podría hacer más gestionando directamente este área. Gerencia de Urbanismo Así, en la moción que quieren llevar al próximo pleno los socialistas exigen también que se inicien los trámites necesarios para la creación de una Gerencia de Urbanismo que asuma todas las competencias de Pongesur con una gestión transparente. A este respecto, recordó que en varias sentencias el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha criticado el uso de este tipo de sociedad que puede servir para eludir el control de su actividad. Por otro lado, el concejal socialistas denuncio también la falta de políticas de vivienda protegida. «No ha habido ni una sola actividad destinada a la promoción de vivienda pública adsequible» y que, en el suelo gestionado por Pongesur no se ha cumplido ni con el 10% que obliga la ley. Y es que, subrayó Saavedra, de las cerca de 5.000 viviendas construidas en el barrio de La Rosaleda, ni una es de protección oficial cuando por ley tendría que haber al menos unas 500 viviendas.