La Audiencia desestima la querella por la venta de suelo en La Rosaleda

La Audiencia Provincial de León ha dado carpetazo definitivo a la querella presentada por un presunto delito de prevaricación contra los responsables de la empresa municipal Pongesur en la venta de parcelas en el barrio de La Rosaleda. La Audiencia desestima el recurso contra el archivo de la querella, dictado ya en primera instancia, y que fue presentado por el coordinador de IU, Miguel Ángel Fernández, el socialista Alberto Zapico, el bercianista Iván Alonso; Ángel Escuredo en representación del Mass y Antonio García Regueiro. El concejal de Urbanismo, Juan Elicio Fierro, difundió ayer la resolución judicial, y tras citar a todos los inspiradores de la denuncia, la inscribió definitivamente en una estrategia de neto calado político para desgastar al actual equipo de gobierno del PP en vísperas de las pasadas elecciones municipales. La resolución de la Audiencia no aprecia ni «elementos objetivos ni subjetivos» que sustenten la querella por prevaricación. Respalda de un lado la gestión de los consejeros de Pongesur, y de otro lado el comportamiento regular de la firma UFC como compradora de las parcelas en el barrio ponferradino. En el auto de la sección tercera, el magistrado estima que la «conducta» para proceder a la adjudicación de parcelas a UFC fue la adecuada al pliego de condiciones. «Consta cumplidamente acreditado que en la solicitud para la obtención de la adjudicación de la parcela se dio cumplimiento a la presentación de la documentación jurídicamente de rigor según las condiciones para ello. Toda vez que se hallaba (la empresa) al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social», recoge el texto del tribunal. Y en contra de los criterios de los querellantes, agrega: «La actuación de los querellados, en cuanto miembros de Pongesur, no revela que incumpliesen el principio de publicidad a los efectos de garantizar el principio constitucional de la igualdad en la participación de las empresas o ciudadanos interesados en el concurso objeto de licitación». La querella por presunta prevaricación y el posterior recurso, en vísperas de los comicios municipales en Ponferrada, fue llevada por un abogado madrileño, Ángel Galindo, que ya había intervenido en esa comunidad contra los intereses de la empresa adjudicataria. Galindo, sin embargo, en su presencia en los juzgados negó primero que sus clientes quisieran influir en el proceso electoral, y luego también que existieran móviles de tipo empresarial en la acción. En este sentido subrayó que su minuta, entre dos mil y tres mil euros, sería abonada por los distintos partidos y grupos querellantes.