Riesco propondrá a la oposición congelar las retribuciones «para superar la crisis»

El equipo de gobierno de Ponferrada, liderado por el alcalde popular Carlos López Riesco, propondrá en el pleno que se celebre en los próximos meses que se congelen las retribuciones de los concejales y de todos los grupos políticos del Ayuntamiento en el 2009. «La austeridad para hacer frente al periodo de crisis que atraviesa el país debe empezar por nosotros mismos», declaró Riesco, que explicó que su propuesta se centrará en que no se incremente ninguna de las partidas que reciben los grupos políticos y los propios concejales a título individual y que tampoco se ejecute la actualización correspondiente de la subida del IPC. El alcalde ponferradino también anunció ayer que se está renegociado el crédito que tiene el Ayuntamiento de 10,5 millones de euros con el Banco de Crédito, «consiguiendo que las arcas municipales se ahorren al año 452.000 euros». La concejala de Hacienda, Teresa Magaz, explicó que se ha pasado de un crédito variable, por el que se pagaba un 4,8% de tipo interés, a uno fijo que quedará en un 4,3%. La edil popular explicó que antes de la renegociación el Ayuntamiento abonaría una cuota anual durante los próximos 17 años y con el refinanciado se pagarán cuatro cuotas al año durante el próximo decenio. Mañana se celebrará, según señalaron López Riesco y Teresa Magaz, una Comisión Informativa de Hacienda «para abordar la situación de crisis, a pesar de lo que diga el presidente José Luis Rodríguez Zapatero». La edil también informó de que se renegociarán otros dos créditos que el Ayuntamiento tiene con Caja España. «La economía del Ayuntamiento es similar a la de una familia», esgrimió el alcalde, para añadir que la crisis también afecta a los gastos del consistorio al subir el precio de la luz, del gasóleo o los intereses. «Los ingresos municipales están afectados por la pérdida de actividades y los gastos también se han incrementado», señaló el popular, explicando que se habían reducido considerablemente la entrada de valores a las arcas como consecuencia de la menor concesión de licencias, no sólo de viviendas, si no también de comercios.