Constitución

TAL DÍA como hoy hace treinta años los españoles refrendábamos por abrumadora mayoría nuestra Constitución. Antes, en aquel largo caminar, la candidatura de senadores para la democracia, con mis compañeros Cristóbal Halfter y Miguel Cordero, habíamos suscrito el compromiso constitucional, sabiendo que sin garantías básicas y sin separación de poderes una sociedad carece de constitución. Como toda obra humana nuestra Carta Magna es mejorable. Hoy muchos nacionalistas se resisten a celebrar esta fiesta de la libertad porque no refleja, dicen, la España plural, o dicho de otra manera, cabe demasiado poco nacionalismo dentro de ella o lo que sería igual, no permite hacer el reparto del cuco: «Este para mi, este para todos nosotros-¦».

Pienso que es en el capítulo de las garantías públicas donde hay más margen para la reforma de la que tanto se habla. Baste señalar que la propia teoría de los derechos y obligaciones ha evolucionado en estos 30 años, apareciendo los llamados derechos humanos de segunda y tercera generación. Pero no todos los derechos y libertades constitucionales vinculan igual a los poderes públicos; los incluidos en el capítulo tercero del título preliminar no son exigibles ante los tribunales ordinarios. Esta semana se aprobó en Francia la ley de vivienda digna.

La protección del derecho a la salud, debe ser desarrollada de acuerdo con las nuevas formas del derecho a la intimidad y al disfrute de un aire limpio, máxime cuando los sindicatos a quienes la Constitución encarga (art.5) la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios, a veces miran para otro lado. Mientras nuestra ley antitabaco es ninguneada, muchos piensan que el derecho de fumar incluye el deber de otros a hacerlo.

Sin salir de ese capítulo tercero, es necesario acelerar el desarrollo de aquellos principios constitucionales a la luz de las nuevas realidades y demandas sociales, por ejemplo la adecuada protección de los consumidores y usuarios frente a prácticas monopolistas y abusivas de prestadores de servicios como la gasolina, las hipotecas, la telefonía móvil, el pan, o seguir avanzando en la regulación de la utilización del suelo de acuerdo con el interés general (art.51). La política es una herramienta al servicio de la felicidad. Si Borges pidió perdón por el pecado de no haber sido feliz, ahí tienen los servidores públicos un campo abonado de trabajo y transformación social. Para eso está la Constitución, para impedir que la humillación sea nuestro destino.