Diario de León

La procuradora Ángela Marqués anuncia que el PSOE «se opone al traspaso» de la competencia

Los padres y los empleados de La Guiana, contra la ley de guarderías de la Junta

El Ejecutivo autonómico prepara la transferencia de los centros de infantil a los ayuntamientos

Francisco Javier Hernández, María Adela López, Ángela Marqués, Josefina López, Anabella Fernández y

Francisco Javier Hernández, María Adela López, Ángela Marqués, Josefina López, Anabella Fernández y

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Los trabajadores y los padres de los niños que asisten a la escuela de educación infantil La Guiana de Ponferrada están «preocupados» por el anteproyecto de ley de transferencias de la Junta de estos centros educativos a los ayuntamientos. Pendientes de la reunión que tendrán el lunes con el alcalde de Ponferrada, Carlos López Riesco, y de los encuentros que mantendrán la próxima semana con varios senadores, aseguran que la propuesta de Valladolid supondrá «una merma en la calidad, un aumento de las tasas», además de ser «una privatización encubierta».

Esta es la única guardería en el Bierzo dependiente de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento ponferradino tiene actualmente otra en activo, una pendiente de que finalicen las obras y una tercera, para Cuatrovientos, que ya tiene una partida presupuestaria reservada.

La procuradora Ángela Marqués, que acompañó ayer a los padres y a los trabajadores, anunció ayer que la próxima semana se debatirán las enmiendas a la propuesta autonómica que afecta a las escuelas de infantil. La socialista aseguró que la nueva ley complicaría la situación de estos centros que dependerían de tres administraciones, las consejerías de Familia y Educación, además de los ayuntamientos. «El traspaso de la titularidad creará más inconvenientes que ventajas», declaró la socialista.

La secretaria del Ampa de La Guiana, María Adela López, exigió a la Junta que «apoye las guarderías y que éstas pasen a depender únicamente de la Consejería de Educación», ya que ahora dependen de la de Familia e Igualdad. Desde el sindicato CSI-CSIF, Mar Sánchez apuntó que los funcionarios que actualmente trabajan en estos centros tendrán tres años para reincorporarse a la Junta, «pero los puestos de trabajo del resto de los empleados está en el aire».

La representante de los trece trabajadores de La Guiana, Anabella Fernández, declaró que todos los que trabajan en el centro ponferradino se sienten «desprotegidos» y porque «el anteproyecto de ley deja abierta la posibilidad de que el Ayuntamiento llegue a una gestión mixta o a la privatización».

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