PP e IU acusan al alcalde de Cacabelos de prevaricar y falsificar documentos

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Cacabelos, PP e IU, urgieron ayer la intervención de la Justicia y la Fiscalía para esclarecer presuntos delitos cometidos por el alcalde del municipio, José Manuel Sánchez, a quien acusan de falsedad documental, además de prevaricación, malversación de fondos públicos y apropiación indebida —estos últimos atribuidos concretamente por el grupo popular— . El detonante de estas denuncias ha sido la modificación reciente del acta de una junta de gobierno celebrada hace dos años para incluir en la misma un reconocimiento de deuda con la empresa que acometió las obras del minipolígono industrial de Cacabelos, a la que se adeuda 1,2 millones de euros. El concejal de IU, Jesús Martínez Pintor, desveló la presunta falsificación del acta de una sesión que data del 26 de abril del 2007 —a la que él mismo asistió cuando todavía era teniente de alcalde— después de recibir, hace un par de semanas, la notificación con la modificación de aquel texto para incluir un acuerdo de reconocimiento de la deuda y establecer un calendario de pagos. «No voy a dejar que involucren a IU en los chanchullos que está llevando a cabo este equipo de gobierno —aseguró el representante de la coalición de izquierdas—. Pondremos a disposición de la Fiscalía todos los documentos que tenemos porque la rectificación que han aprobado, con la firma de dos concejales que no estaban en aquella comisión, es ilegal. Se están falsificando documentos». El todavía edil de IU, que sigue en su puesto pese a haber presentado la dimisión porque el pleno de la corporación no ha aceptado su renuncia, también solicitó la intervención del Tribunal de Cuentas y la realización de una auditoría «para conocer de primera mano lo que está ocurriendo». Por su parte, el portavoz del PP, Adolfo Canedo, fue más allá y extendió su acusación a un funcionario del Ayuntamiento y a otros presuntos delitos —«prevaricación, malversación de fondos y apropiación indebida»— sobre los que ya ha remitido informes a los juzgados, el fiscal, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el Consejo de Cuentas. El popular lanzó sospechas sobre pagos autorizados por el Ayuntamiento y afirmó que se abonaron importantes cantidades a empresas que no tienen ninguna relación contractual con el consistorio. Por último, Adolfo Canedo emplazó a la ejecutiva provincial del PSOE, especialmente a Belén Fernández y David López, a pronunciarse, para determinar si «dan cobertura a esos delitos y amparan el modo de actuar del alcalde».