La Junta espera crear 10.000 empleos en tres años con la nueva Ley de Servicios

Las Cortes de Castilla y León convalidaron ayer por unanimidad el Decreto Ley de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León, aprobado el 23 de diciembre en Consejo de Gobierno, y que establece la liberalización de la implantación de establecimientos. Los 79 procuradores presentes votaron a favor de esta convalidación que, en conjunto, da luz verde a un texto que modifica 20 normas autonómicas que afectan a los ámbitos de trabajo de las 12 consejerías, generará un aumento del 1,1% del Producto Interior Bruto autonómico y creará entre 7.000 y 9.500 empleos en tres años en la comunidad.

A pesar del consenso, el Grupo Parlamentario Socialista exigió que se ratificara el texto con rango de ley, algo que rechazaron las Cortes con los votos en contra del Grupo Parlamentario Popular y la abstención del único procurador leonesista que asistió al Hemiciclo, Héctor Castresana. Incluso, la portavoz socialista, Ana Redondo, aconsejó revisar el Decreto-Ley porque «podría incumplir el derecho de protección de datos de los ciudadanos en uno de sus artículos, por permitir a la Administración acceder a esos datos», aspecto que rechazó rotundamente el procurador -˜popular-™ Raúl de la Hoz, quien acusó a Redondo de «confundir el debate con una clase de derecho de la Universidad».

En un debate que se extendió durante aproximadamente una hora y que tuvo su parte más atractiva en las propuestas socialistas, fue el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, el encargado de exponer la relevancia de este «buen» decreto, puesto que se prevé que en España produzca, también en tres años, un crecimiento del 1,2% del PIB y genere 150.000 puestos de trabajo. Recordó además que el sector servicios representa al 70,2% de todas las empresas de la autonomía.

El consejero recordó que este decreto fue elaborado durante los últimos 19 meses por la Junta tras mantener reuniones internas y otros encuentros con diferentes responsables de las cámaras de comercio e industria, de Cecale, UGT, CCOO y la Federación Regional de Municipios y Provincias, así como con el Grupo Parlamentario Socialista. Este Decreto pretende cumplir con el acuerdo de la Estrategia de Lisboa que establecía la aplicación de esta directiva cuyo objetivo es crear un mercado interior de servicios, suprimiendo las barreras que se pueden eliminar rápidamente.