«La norma facilita la puesta en marcha de servicios»

El consejero de la Presidencia destacó en su intervención que pretende «liberalizar» y facilitar a los ciudadanos la puesta en marcha de servicios. De Santiago-”Juárez señaló que se eliminan los criterios de planificación económica para autorizar los proyectos y se suprimen las autorizaciones administrativas que en algunos casos se sustituye por una declaración responsable del ciudadano que desee abrir un negocio.

En el terreno comercial suprime la licencia de actividad para la instalación de establecimientos que tengan una superficie de venta al público menor de 2.500 metros cuadrados. A partir de ahí es obligatorio solicitar la licencia ya que los estudios técnicos entienden que el impacto medioambiental y urbanístico necesitará de control. No obstante, para la valoración se eliminan los requisitos de naturaleza económica y, además, se establece de manera expresa que si se produce «silencio administrativo», éste habrá de ser entendido de manera positiva.