La Junta incrementará hasta el 2015 un 40% su inversión en política social
El Ejecutivo remarca que el Proyecto de Ley de Servicios Sociales supone «un salto importantísimo» al convertir las prestaciones esenciales en derechos subjetivos
Los consejeros César Antón y José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Con
El Consejo de Gobierno dio luz verde ayer al Proyecto de Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla y León, que supondrá un incremento del 40 por ciento de la inversión de la Junta en estas prestaciones hasta 2015, hasta lograr un montante al final del periodo junto con las aportaciones de las corporaciones locales de 1.131 millones de euros.
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, explicó que la Gerencia de Servicios Sociales, gastará en el 2015, más de 938 millones de euros, lo que supondrá un crecimiento del 40 por ciento en relación a los 670,5 millones de euros presupuestados en el 2008. A esta cantidad se sumarán las aportaciones de las diputaciones y de los municipios de más de 20.000 habitantes, con competencias en la materia, hasta un total global por encima de los 1.131 millones de euros.
Antón destacó, en la rueda de prensa posterior a la reunión de consejeros, que el texto normativo supone un «salto importantísimo», porque las prestaciones esenciales, trece recogidas en un catálogo, se convierten en «derechos subjetivos» de los ciudadanos, lo que obliga a la Administración autonómica a poner los recursos necesarios para garantizarlos a todas las personas, que aportarán al sistema en función de sus posibilidades económicas, sin que nadie se queda sin asistencia por falta de recursos.
El consejero reseñó que el texto, que sustituirá a la anterior Ley de Acción Social y Servicios Sociales de 1988, da respuesta a un mandato estatutario (artículo 13), y supone el cumplimiento de uno de los compromisos del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para esta legislatura. Antón sustanció que el texto de la nueva Ley fue elaborado con una amplia participación de los agentes sociales de la comunidad y deseó que obtenga el mismo consenso de los diferentes grupos parlamentarios en las Cortes.
El proyecto de Ley reconoce una nueva generación de derechos sociales entre los que figuran el derecho a la información, orientación y asesoramiento; el derecho de valoración, planificación de caso y seguimiento, el Ingreso Mínimo de Inserción (que asumirá la Renta Garantizada de Ciudadanía tras su aprobación) y ayudas para necesidades básicas de subsistencia.