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El Gobierno niega que los anticipos a la comunidad incumplan las leyes

El Ministerio de Economía califica de falsas las acusaciones de Pilar Del Olmo, que ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Nacional el recorte de 111 millones

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EFE | VALLADOLID

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El Ministerio de Economía y Empleo aseguró ayer que los anticipos correspondientes al nuevo modelo de financiación autonómica y transferidos a la Junta de Castilla y León en el ejercicio 2010 «respetan escrupulosamente lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera».

De este modo, a través de un comunicado, el Ministerio de Economí y Empleo niega que haya incumplido leyes, tal y como denunció el pasado jueves la consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, que anunció su intención de recurrir ante la Audiencia Nacional este reparto. El argumento que sostiene Del Olmo es que la Junta de Castilla y León recibirá 111 millones de euros menos de lo que le corresponde.

En concreto, Del Olmo cree que el Ministerio ha cambiado su criterio para repartir en el presente 2010 los fondos adicionales correspondientes al nuevo modelo de financiación autonómica, cifrados en 9.750 millones de euros.

Para la consejera de Hacienda de Castilla y León es una «tomadura de pelo» que el Ministerio pretenda descontar de esta cantidad los 2.000 millones de euros que correspondían a las comunidades autónomas como compensación por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, una acción que es «ilegal», en su opinión.

El Ministerio recalca en su comunicado que en la redacción de la nueva Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas es «extremadamente clara en cuanto a la gradualidad de los recursos adicionales», ya que el texto detalla que «la incorporación de estos recursos adicionales, en virtud de la gradualidad, surtirá efectos por primera vez en 2012, con la liquidación definitiva de los recursos del sistema correspondientes al año 2010».

El Ministerio niega también en el documento que se vaya a incumplir el compromiso de compensación por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, aunque en este caso la propia Junta de Castilla y León reconoce que presupuestó los 83 millones de euros que sí les trasferirá el Ministerio.

Además, la Administración central argumenta que estas mismas reglas «claras y explícitas» han servido también para calcular los anticipos correspondientes al año 2009, que fueron ingresados por las comunidades autónomas, sin que ninguna de sus administraciones realizara reclamación alguna.

El Ministerio ha respondido con estos argumentos al anuncio de la Junta de Castilla y León y de la Xunta de Galicia sobre su intención de presentar sendos recursos contra la forma de repartir los anticipos del modelo de financiación autonómica, correspondientes al ejercicio.

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