La Junta exige una vez más que se reúna la comisión de las transferencias de Justicia

El Gobierno central ha desoído hasta en tres ocasiones la petición formal de la Junta de Castilla y León de reunir el Grupo de Coste Efectivo de la Justicia para poder analizar las cifras del traspaso de las competencias de este servicio a la Administración autonómica, sin cuya valoración el Ejecutivo entiende que no puede aceptar en un «acto de fe» la cantidad ofrecida por Madrid y tampoco se les puede «meter prisa» para que firmen.

La presidenta de la Comisión Mixta sección castellano y leonesa y consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha convocado el 7 de mayo a los miembros de este órgano para informarles de la situación y buscar un acuerdo de comunidad para reiterar la petición de reunión de los cuatro grupos, más cuando el de coste efectivo está inédito, y poder fijar una posición sobre el traspaso.

El acuerdo de la reunión se remitirá a Madrid con el objetivo de que los cuatro grupos -”personal, inversiones, informática y coste efectivo-” sean convocados antes de junio, fecha a la que les ha emplazado el Gobierno para cerrar una posición. «No sabemos de dónde salen las cifras y falta información», explicó la consejera. El Gobierno ha dicho que el servicio de la Justicia en Castilla y León cuesta 132 millones, insuficientes, según Del Olmo, porque no se incluyen algunas inversiones, informatización, acuerdos laborales con los sindicatos o las oficinas judiciales.

La petición que saldrá de la reunión del día 7 se sumará a las que ya tiene el Gobierno. Así, el 29 de octubre de 2007 la sección de Castilla y León de la Comisión Mixta acuerda pedir la reunión de los cuatro grupos y así lo solicita la consejera a través de sendas cartas dirigidas al secretario de Estado de Justicia y al director general de Relaciones con la Administración de Justicia.

Se convoca el grupo de personal, para una reunión en enero del 2008, y el de inversiones, para febrero del 2008. El secretario de la Comisión Mixta de Transferencias recuerda que está pendiente la convocatoria de dos grupos. La respuesta del Gobierno es que hay dificultades para reunir el de informática, pero nada dice del de coste efectivo.