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Junta y bancos facilitarán financiación y liquidez a las empresas constructoras

Dieciséis entidades financieras anticiparán a los contratistas el importe de sus actuaciones tras cederles éstos sus derechos de cobro por un determinado interés

Juan Vicente Herrera presidió la firma de un convenio con entidades financieras para mejorar el acce

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cesar combarros | valladolid
León

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La Junta de Castilla y León suscribió ayer un convenio de colaboración con dieciséis entidades financieras para favorecer el acceso a préstamos a los contratistas relacionados con el sector de la construcción. Merced al acuerdo, las entidades adheridas al convenio aplicarán un tipo de interés del euríbor a tres meses más el 1,25 por ciento a los contratos de obra pública que soliciten aplicar el factoring un mecanismo para facilitar la liquidez de esas empresas garantizando el adelanto del pago.

Mediante el factoring de un contrato administrativo el empresario cede sus futuros derechos de cobro a un banco, caja o cooperativa, que anticipa al contratista su importe a cambio de un determinado tipo de interés. Esa opción mejora sensiblemente el acceso al crédito de las empresas porque reciben el pago prácticamente de inmediato, sin esperar a que la Administración lo haga efectivo.

Esa medida está recogida en la edición de ayer del Bocyl, con lo cual la posibilidad de impago deja de estar asociada al contratista, puesto que este tipo de operaciones pasan a gozar de la garantía de la Junta. Es decir, que la entidad financiera se convierte en acreedor directo de la Administración autonómica, algo que, según explicó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, favorece tanto al contratista (que no consume su línea de riesgo) como a las entidades financieras (que incorporan a sus cuentas un derecho de cobro de alta calidad).

Paro . Según explicó Herrera, a lo largo de los dos últimos años el paro en la construcción se ha incrementado un 24%, el triple que en el resto de sectores en la comunidad (ocho por ciento), por lo cual requería especial atención por parte de la Administración regional, ya que genera en torno al nueve por ciento del PIB regional y emplea al diez por ciento de los ocupados en la autonomía. Con esta medida se pretende incentivar la utilización de esta herramienta financiera, que de otro modo podría resultar excesivamente gravosa para los contratistas. En el caso de que la Administración no hubiera hecho efectivo el pago del crédito tras el paso de 60 días, sería el propio Gobierno regional quien asumiría la deuda con una penalización del euríbor a tres meses más el 0,60%.

Las entidades suscriptoras del convenio han sido seis cajas de ahorro, cinco bancos y otras tantas cooperativas de crédito. Se trata de Caja España, Caja Duero, Caja de Burgos, Caja de Ávila, Caja de Segovia, La Caixa, BBVA, Banco Gallego, Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Santander, Cajamar y las cajas rurales de Salamanca, Segovia, Soria y Zamora.

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