Rehabilitar tiene premio

Centrar el esfuerzo público en materia de vivienda en la recuperación de las zonas históricas de las ciudades y poblaciones, para cohesionar las áreas urbanas a la vez que se dota a los ciudadanos de ayudas a la vivienda, es el objetivo de las políticas de rehabilitación que se impulsan desde la Consejería de Fomento. Una línea de apoyo que tiene sus instrumentos financieros propios, pero que también constituye un objeto de debate de cara a configuar cuáles deben ser las políticas en el sector en los próximos años. En los últimos años estas políticas han permitido recuperar en León unas 6.000 viviendas, pero el objetivo del departamento que dirige Antonio Silván es potenciar esta línea de actuación en los próximos ejercicios.

Según explica el consejero, las políticas de rehabilitación, en las que se pretende implicar al sector inmobiliario también como fórmula para salir de la crisis, se integran en lo que desde la Junta se define como área de renovación urbana. «Se trata de barrios, o conjuntos de edificios de viviendas, cuya recuperación integral requiera actuaciones de demolición y sustitución de los edificios que se encuentren bien en situación de agotamiento estrutural, de peligro de sus elementos constructivos básicos; o bien con necesidad de urbanizar el área, con mejora de la accesibilidad a los espacios públicos o bien de creación de dotaciones y equipamientos».

Estas zonas, para acceder a las ayudas instauradas con el objetivo de recuperarlas, tiene que ser declaradas por la Junta, pero además deben cumplir las condiciones establecidas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación vigente. Estas normas vigilan el número de actuaciones a llevar a cabo, la antigüedad de los edificios o el destino de estos tras la rehabilitación, así como la financiación que se prevé para los distintos tipos de actuaciones.

El consejero recuerda que la normativa autonómica sí exige que los espacios rehabilitados cuenten con al menos un 60% de edificabilidad y que se destine a uso residencial. «En cualquier caso, explica, sólo podrán acogerse a la financiación las viviendas resultantes de la renovación que puedan acogerse a algún tipo de protección; y la construcción de al menos la mmitad de esos pisos debe iniciarse en menos de tres años desde que se aprueba la financiación. En estas áreas será necesario vigilar la protección en caso de demolición de las edificaciones existentes, la construcción de edificios destinados a viviendas protegidas, la urbanización de espacios públicos o los programas de realojo temporal de los residentes; así como el mantenimiento de las oficinas y los servicios de gestión e información.