La Junta pedirá al Gobierno los 150 millones para la Convergencia
El gobierno autonómico cambia de parecer tras escuchar al PSOE que los PGE sí contemplan los 150 millones y no los 75 pactados en la negociación del lunes
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juarez
La perdiz del Plan de Convergencia está tan mareada que amenaza con ponerse en órbita. Si hace tres días la Junta de Castilla y León aceptaba la reducción a 75 millones de euros en la aportación del Gobierno central, ahora ha decidido exigir la cantidad inicial comprometida desde Madrid en un principio: 150 millones que se deberían unir a otros tantos que ya ha puesto encima de la mesa -“comprometidos en los presupuestos de consejerías y empresas públicas a partes iguales- la propia Junta.
El cambio no lo ha propiciado el diálogo establecido entre las partes oficiales, Junta y Gobierno Central, sino que son producto de las declaraciones realizadas hace dos días por el secretario de Política Económica del PSOE, Julio López, en las que aseguraba que los Presupuestos Generales del Estado sí contemplan los 150 millones de euros.
De esta forma, tras conocer las declaraciones del PSOE la Junta exigirá ahora que en su propuesta de convenio que remitirá a Madrid antes de fin de mes, se incluya la totalidad de los fondos comprometidos, a pesar de que al término de la reunión con los representantes del Gobierno central el pasado lunes, el portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago Juárez, asegurara «comprender» la pérdida de la mitad del dinero del Gobierno «por las circunstancias económicas actuales».
Pacto por la Ley. Además, el documento también reclamará para Castilla y León las mismas circunstancias que el Gobierno aplica a las comunidades de Cataluña y Baleares en el apartado presupuestario dedicado a convenios en materia de inversiones. De esta forma, Juárez explicó que ambas autonomías disfrutan de un plazo de varios años para ejecutar las inversiones con el dinero transferido del Gobierno. Además, el reparto vía transferencia finalista asegura al Ejecutivo autonómico la disponibilidad de los fondos más allá del año al que van dirigidas.
La comparecencia de Juárez también sirvió para afear al secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, tras asegurar éste que el cumplimiento del Plan quedaba supeditado al acuerdo entre la Junta y el Partido Socialista de Castilla y León. «¿Desde cuándo se puede obligar a pactar con alguien para dar cumplimiento a una ley?», se preguntó el portavoz, «es propio de otros regímenes», concluyó, al tiempo que recordaba los meses de diálogo con la oposición para dar forma al Plan y que, según el propio De Santiago Juárez, el Partido Socialista dinamitó con «propuestas paralelas» realizadas al margen de la mesa de negociaciones.