Sanciones de hasta 90.000 euros para los defraudadores

En sus 108 artículos, según el consejero, se intenta estimular la promoción y rehabilitación de viviendas, en general, y las protegidas en particular, para lo que cuentan con el apoyo del sector de la construcción, consultado para la elaboración de la norma al igual que el resto de agentes sociales, según Silván.

La lucha contra el fraude en la compra-venta de viviendas es otro de los pilares de esta norma, al fijar sanciones de hasta 90.000 euros en el caso de faltas muy graves, relacionadas con la venta irregular de viviendas protegidas.

Registro público. El texto oficializa el denominado Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de Castilla y León y crea el «Libro del Edificio», donde se incluirán los datos del inmueble y que se entregará a los adquirentes.

La principal voluntad de la ley recién aprobada pasa por intentar hacer cumplir el precepto constitucional de permitir que todos los ciudadanos tengan derecho a una vivienda digna, aunque en cualquier casso, también se abordan aspectos de carácter legal encaminados a la consecución de la modificación de determinadas conductas, con el objeto de acotar el marco legal en el que se deben desarrollar este tipo de transacciones.