La Cecale exige a Alejo que proteja el derecho a trabajar el día de la huelga

Cecale pidió ayer a los empresarios de Castilla y León que abran los centros de trabajo el próximo 29 de septiembre para que la huelga general, que define como «política» contra el Gobierno y en la que los sindicatos «no están muy seguros del éxito», tenga la menor incidencia, según informó la agencia Ical. La junta directiva de la patronal autonómica acordó una serie de medidas con la intención de que se facilite el derecho constitucional tanto de quien secundará el paro como de quienes opten por trabajar.

«Ni complacientes ni tolerantes con la huelga» es la actitud que mantendrán los empresarios de Castilla y León el día del paro general convocado por CC.OO y UGT, explicó el presidente de Cecale, Jesús Terciado, en rueda de prensa tras la reunión de la directiva, en la que proclamó que son «empleadores y no despedidores».

La patronal regional pidió ayer al delegado del Gobierno, Miguel Alejo, que facilite el derecho al trabajo y los servicios mínimos, en especial la movilidad de los transportes para el acceso de las personas que decidan acudir a sus trabajos, señaló Terciado, para quien las fuerzas de orden público deben evitar «coacciones y violencia» sobre quienes quieran ejercer el derecho al trabajo.

Terciado sostuvo que la sociedad está informada de las razones de la huelga y por ello manifestó que «no se debe tolerar» que los llamados piquetes informativos «se excedan», caso en el que, según explicó, las empresas tendrán a su disposición los teléfono de las subdelegaciones del Gobierno en las provincias y de otras instancias para comunicar los incidentes.

Eso sí, en caso de que un empresario se sienta amenazado o sienta que corre riesgo, Cecale le anima a denunciar los hechos, pero con la advertencia de que el cierre patronal no es gratis para los trabajadores y se contabilizará una pérdida de las retribuciones como si hicieran la huelga. Además, Terciado explicó, siempre en la línea de que el paro tenga la menor incidencia, que harán un seguimiento de las incidencias y del alcance del paro a los largo de la jornada.

«Es una huelga política que afecta al día de las empresas, a su rentabilidad y ventas, y se hará todo lo posible para que no tenga éxito», subrayó el presidente de Cecale, quien se mostró convencido de que los sindicatos no han convocado la protesta contra la reforma laboral, sino contra el «cambio de tratamiento» del Gobierno, que les «ha dejado con el pie cambiado». «No están seguros de por qué la hacen ni de su éxito», apostilló, motivo por el que expresó el temor de que la convocatoria de pueda «radicalizar, porque algunos van a querer que triunfe bajo cualquier concepto». Sobre el coste económico, se mostró prudente hasta conocer la incidencia de la protesta, aunque recordó la estimación nacional de que un respaldo del 25% mermaría el -0,1% el PIB y del 50 el doble.