La aplicación del canon eléctrico estará definida en el mes de marzo

El grupo de trabajo para el estudio de un tributo medioambiental a las empresas eléctricas, que preside la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, espera tener una propuesta en marzo, antes de la disolución de las Cortes, aunque se parte de un trabajo complejo en el que se deben de analizar distintas variables para que el objetivo final no repercuta en los ciudadanos, ni en las empresas y tenga seguridad jurídica, según Ical. Esta es la reflexión que realizó la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, durante la constitución de este grupo de trabajo, que nace tras la propuesta pactada por los grupos parlamentarios que instaron a la Junta a la creación del mismo, y que trabajará «sin pausa, pero sin precipitarse». Del Olmo recalcó que el trabajo es complejo, por las distintas variables que se deben analizar, aunque confió en que se pueda tener una «propuesta madura» en marzo, que remitirán a la Junta y a las Cortes. La consejera reiteró que el primer cometido del grupo de trabajo es determinar qué se pretende gravar y el tipo impositivo. «Vamos a tratar de sacarlo adelante lo antes posible, pero el recorrido de este camino no es fácil», apuntó. El grupo de trabajo se centra en las «cuatro líneas rojas» de la propuesta pactada en las Cortes: la seguridad jurídica ante un posible recurso, que el canon sea medio ambiental, que no perjudique en la tarifa de la luz de los usuarios y que no incida en el desarrollo económico y social. Estas premisas se tienen que cumplir en su totalidad, explicó la consejera, quien añadió que el canon no prosperaría si hubiera un perjuicio para la implantación de empresas o proyectos de desarrollo económico. Del Olmo también manifestó que no es el momento de hablar de la recaudación que obtendría porque antes se debe determinar lo que gravará.