Del Olmo reclama fondos europeos para Castilla y León a partir del 2014
La consejera de Economía defiende en Bruselas una «postura de Comunidad»
La consejera Pilar del Olmo asiste al Foro de Cohesión social celebrado en Bruselas.
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, participó ayer en Bruselas (Bélgica) en el V Foro de la Cohesión, convocado por la Comisión Europea, con objeto de analizar el futuro de esta política comunitaria a partir de 2014. En paralelo con esta cita, la institución puso en marcha una consulta pública para recoger aportaciones, donde la postura del Ejecutivo regional fue avalada por los tres grupos parlamentarios, lo que permitió presentar una propuesta conjunta que solicita que Castilla y León siga recibiendo ayudas en el próximo periodo de programación, y que las regiones continúen gestionando los fondos, informa Ical.
El pasado 10 de noviembre, la Comisión presentó el V Informe sobre la Cohesión Económica, Social y Territorial, donde ponía de manifiesto que esta política ha contribuido significativamente al crecimiento, la prosperidad y el desarrollo equilibrado del conjunto de la Unión Europea. Así lo reconoce la consejera, que recuerda que «es lo que hace visible la UE ante la población, ya que con los recursos vinculados a ella se han financiado carreteras, regadíos y otras infraestructuras».
Los cambios económicos y sociales de los últimos años plantean nuevos retos a la política de cohesión. Consciente de esta realidad, la Comisión Europea puso en marcha el foro de debate que se inauguró ayer en Bruselas al que acudió la titular de Hacienda en representación de la Junta. La Consejería de Hacienda hizo más de una docena de aportaciones que giran en torno a una idea central: Castilla y León debe seguir recibiendo ayudas europeas a partir de 2014. Además de esto, el Gobierno autonómico plantea que la gestión de los fondos estructurales continúe en manos de las regiones, dado que son las administraciones más cercanas a los ciudadanos y por tanto las que mejor conocen sus necesidades.
Apoyo de los partidos. La Junta invitó a sumarse a esta iniciativa a los tres partidos con representación en las Cortes regionales, que acogieron positivamente la propuesta. La consejera de Hacienda explica que «el Gobierno autonómico es consciente de la importancia que van a tener los fondos de cohesión en el futuro de la Comunidad, y por eso hemos hecho partícipes a los grupos parlamentarios de la posición que hemos mantenido hasta este momento».
En este sentido, la Administración autonómica recuerda en un comunicado que el Presupuesto de la Comunidad para 2011 contempla una partida de 237,5 millones de euros procedentes de la UE. Se trata del 2,4 por ciento de los recursos totales que administrará la Junta este año, «una cantidad nada despreciable en un momento de especiales dificultades económicas como el actual», en palabras de la máxima responsable de las cuentas regionales.
El hecho de que la oferta del Ejecutivo autonómico a los grupos fuera bien recibida tuvo como resultado un documento conjunto con una postura de Comunidad, que se remitió a la Comisión Europea y que está en la misma línea que el planteado inicialmente por la Junta. «Tengo que agradecer la receptividad que han tenido los grupos parlamentarios y que también hayan hecho sus aportaciones, compartidas con la posición del Gobierno de Castilla y León», resalta Del Olmo.
El texto defiende la continuidad de la política de cohesión, en la medida en que persigue reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales que existen entre los miembros de la Unión Europea. A continuación plantea que las ayudas dirigidas a conseguir esta meta sean para todas las regiones de la UE, «sea cual sea su nivel de desarrollo», y que tengan en cuenta las peculiaridades de cada territorio. Esto permitiría a Castilla y León seguir percibiendo fondos durante el periodo de programación 2014-2020, en atención a características diferenciales como la extensión geográfica, la dispersión demográfica y el envejecimiento de la población.
La región aboga asimismo por la simplificación real y efectiva de los procedimientos de gestión de las subvenciones, en ocasiones excesivamente complejos, sin que ello signifique una merma del control. Esto requiere que la relación entre la Comisión y los receptores de los fondos estructurales se base en el principio de la confianza mutua.