La Junta impulsa la construcción con una nueva inversión de 469 millones

La Junta de Castilla y León adelanta al 30 de junio la inversión de 469 millones de euros en obra pública, de los que 373 se contratarán antes del 31 de abril, con objeto de estimular la actividad económica y, en especial, de dar un «empujón» al sector de la construcción, uno de los sectores más castigados por la crisis económica.

La Consejería de Hacienda ha pedido al resto de departamentos que agilicen la licitación de obras, ya sean carreteras, centros sanitarios o educativos, entre otros proyectos, que pueden poner en marcha este año. El bloque se ha configurado en un gasto de 469 millones del capítulo VI de los presupuestos de este año, que se aprobó ayer bajo el título de «directrices vinculantes para todos los órganos de la administración».

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero portavoz. José Antonio de Santiago-Juárez, calificó de «importantísimo» la inversión que se adelanta al primer semestre del año, recordó que se refiere a obra nueva, no a proyectos plurianuales, y se refirió a como en el ámbito estatal la obra pública está congelada.

En términos comparativos, fuentes de la Consejería de Hacienda explicaron que durante el mismo periodo de 2010 la Junta contrató obra por importe de 158 millones de euros, según el dato de la Cámara de Contratistas, mientras que este año será de 469 millones, lo que es casi el triple. El consejero portavoz se refirió también a los últimos datos de enero, aportados por la patronal Seopan, que sitúan a Castilla y León como la cuarta comunidad en la que más se incrementó la licitación y la quinta en términos absolutos. Igualmente, destacó que con esta decisión se da un «empujón» al sector de la construcción, que supone el nueve por ciento del PIB de la Comunidad y da empleo a 29.000 personas, después de que su evolución sea peor que la de otros sectores.

Regulaciones similares. De Santiago-Juárez recordó dos regulaciones similares del 8 de enero y el 8 de abril de 2009, que se centraron en fomentar la inversión pública, reducir los costes financieros de las empresas y agilizar los procedimientos administrativos.

Por último, el 20 de enero de este año la Junta también dio luz verde a otras directrices dirigidas a proporcionar mayor liquidez a las sociedades que contratan con el propio Gobierno regional, mediante la prórroga de la eliminación de las garantías provisionales, la limitación a un mes del plazo para devolver o cancelar las definitivas y la factura electrónica, según los datos aportados por el protavoz de la Junta en el transcurso de su comparecencia ante los medios de comunicación.