Un piropo envenenado

El último pleno de la Legislatura autonómica compendia a la perfección algunas de las constantes de las sesiones de las Cortes de Castilla y León en los tres últimos años. Una de ellas ha sido, sin ninguna duda, la falta de imaginación y habilidad de la oposición socialista para poner en aprietos al gobierno de la comunidad. Es verdad es que el reglamento parlamentario y la mayoría absoluta del PP dificultan lo suyo la tarea de control al Ejecutivo, pero no es menos cierto que los socialistas no han sabido jugar casi nunca las bazas a su alcance.

Partiendo del reproche de que el presidente de la Junta se ha sustraído a debatir en la Cámara sobre la repercusión de la crisis económica y el problema de la despoblación, ayer la portavoz socialista, Ana Redondo, volvió a suscitar ambas cuestiones, la primera de ellas reiterada en no menos de ocho plenos anteriores. Después de rechazar la imputación de su negativa a debatir, la respuesta de Juan Vicente Herrera se basó en el mismo argumento de siempre: la principal responsabilidad de los males económicos y de sus consecuencias en Castilla y León ha de cargarse en el debe del gobierno Zapatero.

Aunque el rifirrafe no estuvo exento de dureza, el presidente de la Junta no varió el guión y terminó su intervención piropeando el buen nivel demostrado por Redondo durante el periodo que ha ejercido como portavoz parlamentaria. Un piropo, eso sí, un tanto envenenado por la coletilla final augurando que ambos volverían a debatir después de las próximas elecciones, lo que equivale a poner en duda que el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, Óscar López, asuma la jefatura de la oposición en la próxima Legislatura.

Otra de las constantes que se reprodujo ayer es la inexplicable inhibición del grupo socialista ante actuaciones de dudosa eficacia por parte del gobierno autonómico que cualquier oposición que se precie nunca dejaría pasar por alto. En el caso de este último pleno resulta absolutamente incomprensible que los socialistas no hicieran ninguna pregunta sobre el «caso Lupicinio» y el carpetazo dado al mismo por la Junta. El hecho de que entre los afectados por el asunto haya cargos públicos del propio partido no debería de impedir que la oposición exigiera en el Parlamento las pertinentes explicaciones ante el chapucero episodio protagonizado por la Administración autonómica. Y sin embargo, ni pío.

Y otra constante mas fué la actitud complaciente mantenida por el procurador leonés, Joaquín Otero, hacia el presidente de la Junta desde que él y su compañero Héctor Castresana fueron expulsados de la UPL. Ayer Otero brindó a Herrera la oportunidad de hacer balance político de toda la Legislatura. La verdad es que el balance -"por supuesto, nada critico-" lo hizo el propio interpelante en la exposición de su pregunta, en tanto que el presidente dispersó su respuesta en varios asuntos puntuales, entre ellos la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso de la Junta de Extremadura acerca de las competencias de la cuenca del Guadalquivir.

Y en el turno de preguntas parlamentarias, una vez más el grupo socialista, en el que se cuentan seis procuradores elegidos por León, dejó a Otero la exclusividad de los problemas leoneses. En virtud de ello supimos que el proyecto Sama-"Velilla sigue por fortuna empantanado en el Ministerio de Medio Ambiente. De las once preguntas formuladas por el PSOE ninguna guardaba relación directa con León, una omisión que ha constituido casi otra constante más en la Legislatura que concluye.