El PSOE ofrece 200 millones libres para los ayuntamientos

El Partido Socialista plantea una reforma del modelo que aplica la Junta de Castilla y León para financiar a los ayuntamientos. La propuesta se basa en la «objetividad» para garantizar una dotación «suficiente», de «calidad» y conocida con antelación. Así, propone que el próximo año el Ejecutivo autonómico entregue 200 millones de libre disposición a las entidades locales, una partida que se obtendría de la redistribución de los fondos de Cooperación Económica Local General, y posteriormente un 25 por ciento de la recaudación regional por seis figuras tributarias.

El secretario de Política Económica del PSOE de Castilla y León, Julio López, fue el encargado hoy de presentar esta propuesta que pretende vincular la financiación de los ayuntamientos a la recaudación por impuestos de la Comunidad autónoma. Sostuvo que este modelo ya se aplica en otras comunidades y se asienta en el principio de autonomía financiera que recoge el artículo 142 de la Constitución y el 55.3 del Estatuto de Autonomía.

En ese sentido, López explicó que la financiación de los ayuntamientos está vinculada a la recaudación por los impuestos propios y la participación en los tributos del Estado, un sistema que aseguró «puede mejorarse», y de la Comunidad, «algo que en Castilla y León no existe». «Existe un sistema de financiación de los ayuntamientos claramente insuficiente y de muy baja calidad», dijo al tiempo que expuso los resultados del estudio, correspondiente al año 2008, del Instituto de Estudios Fiscales. Al respecto, López señaló que Castilla y León es la comunidad autónoma que «menos» recursos incondicionados entrega a los ayuntamientos. Por tanto, explicó que por cada euro incondicionado que el Gobierno autonómico transfiere a los consistorios, la Xunta de Galicia aporta 20. Según López, si el PSOE gana las próximas elecciones eliminará la «situación de dependencia» de los ayuntamientos con la Junta por la «discrecionalidad de las trasferencias». «Se acabó el clientelismo», espetó y criticó que el Partido Popular no haya incluido la financiación de los ayuntamientos entre sus propuestas, lo que a su juicio confirma el «desprecio» que siente por las entidades locales. La propuesta socialista recoge una dotación inicial de 200 millones en 2012, que no incrementará el nivel de gasto del Gobierno autonómico, ya que se obtendrá de la redistribución de los 118 millones destinados a la Cooperación Económica Local General y los 280 reservados para la Cooperación Económica Local Sectorial. Por tanto, Julio López apostó por incrementar en 82 millones el primero. De esta forma, precisó que los consistorios conocerán con cinco meses de antelación la partida que le corresponde para hacer frente a los «gastos que estimen oportunos».

Un 25%. En los ejercicios posteriores, el PSOE plantea que los ayuntamientos reciban uno de cada cuatro euros recaudados por la Junta a través de seis impuestos, cuya recaudación prevista en 2011, alcanza los 833 millones. Así, dispondrían de un 25 por ciento de la cantidad percibida por los tributos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones, Electricidad, Espacial sobre Determinados Medios de Transporte, Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y la Tasa fiscal sobre el juego.

López reconoció que la recaudación por esos seis impuestos puede variar e incluso dejó la puerta abierta a que se elijan otros tributos. Para garantizar la financiación y que no se vea reducida a consecuencia de los vaivenes de la economía, su propuesta recoge una cláusula, que establece que cada municipio, como mínimo, contará el importe percibido en 2011 en concepto de Cooperación Económica Local General y que todos deben disponer de un mínimo de ingresos por habitante.

Distribución. Respecto a la distribución, el secretario de Política Económica del PSOE de Castilla y León planteó distinguir entre dos grupos, con hasta 25.000 habitantes y más de 25.000 habitantes. Además, defendió aplicar criterios como la necesidad de gasto, que podría medirse en su opinión con indicadores como la población, la superficie o la dispersión, y la capacidad fiscal, que podría establecerse a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IMI). De esta forma, se trasladaría la «objetividad» a la asignación de recursos de la Junta a los ayuntamientos. Finalmente, López aseguró que se trata de una propuesta «seria» y «meditada», similar al modelo de otras comunidades autónomas.