La Junta mantiene el recurso contra el Gobierno por los 724 millones del 2011
De Santiago-Juárez: «La comisión de conflictos está para no llegar al Constitucional»
De Santiago-Juárez saluda a Salgueiro en el acto de ayer en Valladolid.
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, confió en que en la reunión que mantendrá el próximo día 6 de julio la Comisión de Prevención de Conflictos se pueda resolver el pago de los 724 millones que la Junta considera que el Gobierno adeuda a la Comunidad, aunque advirtió de que si el 22 de septiembre no se ha llegado a ningún acuerdo el Ejecutivo autonómico recurrirá al Tribunal Constitucional para reclamar ese dinero.
«Nosotros hemos querido seguir el camino del diálogo y el acuerdo, por eso lo hemos llevado a la Comisión de Conflictos, una de las cuatro que forman parte de la Comisión Bilateral Junta-Estado, en vez de ir directamente al Tribunal Constitucional», remarcó De Santiago-Juárez, quien destacó que el Gobierno de España no debe ese dinero a la Junta, sino a «los ciudadanos de Castilla y León» y que su «obligación» es reclamarlo.
El Ejecutivo regional considera que tiene derecho a percibir esos 724 millones de euros de acuerdo al modelo de financiación autonómica correspondiente al ejercicio 2011, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado.
Por otra parte, el portavoz de la Junta calificó de «francamente mala» la propuesta de la Comisión Europea de rebajar el presupuesto de la futura Política Agraria Común (PAC) y reiteró la apuesta de la Comunidad por que mantenga al menos la misma financiación que la actual para que sea «una PAC fuerte».
A este respecto, De Santiago-Juárez manifestó que esta iniciativa refleja una vez más el poco peso que tiene España en el seno de la Unión Europea. «La única forma de defender los intereses de España es tener un Gobierno seguro, fuerte y sólido, no el Gobierno roto y dividido que tenemos», aseveró el portavoz, quien apuntó que «pasó lo mismo con el carbón y ahora pasa con la PAC».
Por ello, insistió una vez más en que es necesario convocar elecciones generales lo antes posible para nombrar un nuevo Ejecutivo «fuerte y que genere confianza». Una afirmación que reforzó al aludir al nuevo cambio en la velocidad máxima a la que se puede circular por las autovías y autopistas españolas, que aseguró que demuestra que el Gobierno «se mueve a golpe de ocurrencia».