Los grupos parlamentarios insisten en la idea de reformar la Ley del Procurador

Todos los grupos políticos representados en las Cortes de Castilla y León coincidieron ayer, durante el debate del informe anual del Procurador del Común, en dos cuestiones: la defensa de la institución como garante de los derechos de los ciudadanos y en la necesidad de reformar la Ley que regula la actividad del Procurador del Común para adaptarla al Estatuto.

En este sentido se expresó el propio Procurador del Común, Javier Amoedo, quien resaltó la eficacia de la institución en la defensa de los derechos de los ciudadanos a través de las 1.956 quejas que recibieron de particulares y las 1.104 resoluciones dictadas «motivadas con objetividad e independencia». Además, Amoedo también coincidió con los grupos parlamentarios en pedir la reforma de la Ley que regula su funcionamiento y que está vigente desde 2007.

En cuanto al análisis del informe cada grupo parlamentario realizó su propia lectura. El grupo mixto, que dividió su tiempo de intervención entre el portavoz y procurador de Izquierda Unida, José María González y el procurador de UPL, Antonio Valderas, recalcó el papel de «arbitro esencial» de la institución.

Mientras, Valderas apeló a la falta de mecanismos que permitan «empapelar» a las administraciones que no colaboren con la institución y aseguró que a «muchos ayuntamientos les da igual» figurar en las listas públicas del registro de administraciones y entidades no colaboradoras, por lo que sugirió recurrir a medidas como las multas.

Una de las dudas que, según Valderas, «flota» en el informe es el seguimiento posterior de las resoluciones dictadas, para lo que propuso una encuesta anual de satisfacción. «De este modo podríamos saber al año siguiente si las recomendaciones dictadas han servido de verdad para tutelar los derechos básicos de los ciudadanos», argumentó. El Procurador del Común contestó en su turno de respuesta que «los ciudadanos que no vean cumplidas las resoluciones pueden recurrir de nuevo a la institución para reabrir su expediente».

Valderas también aprovechó su intervención para «reflexionar» sobre un conjunto de quejas emitidas por los ciudadanos sobre la identidad nacional. «La Junta dificulta actuar a los que queremos ser, sentirnos y desarrollar nuestra identidad como leoneses», afirmó.

La viceportavoz del Grupo Socialista, Ana Redondo, aseguró que el informe muestra una Comunidad «a dos y tres velocidades», en referencia a las dificultades a las que se enfrentan los ciudadanos que residen en pueblos pequeños, y pidió una financiación local «justa e incondicionada». Además, solicitó agilizar el desarrollo de la Ley de Régimen Local de Castilla y León que «arrincona a las entidades locales menores»..

Sobre el informe, la socialista recordó que los datos constatan «la falta de oportunidades en el acceso al empleo público, las deficiencias de los servicios en el ámbito rural y la carencia de evaluación y seguimiento periódico de las políticas públicas». Además pidió que se considerase la propuesta de modificación de la Ley del Procurador y sugirió que podría incorporarse en el conjunto de reformas de la calidad democrática. El portavoz del PP, Carlos Fernández Carriedo, también mostró la disposición de su grupo para mejorar esta normativa.

Carriedo, que intervino en último lugar, puso de manifiesto la reducción en un 21% del número de quejas a la institución y recordó que las emitidas a la Administración Autonómica disminuyeron en un 33%, mientras que en el conjunto nacional se han incrementado en un 32%. Además, Carriedo destacó que el número de reclamaciones presentadas en este informe fueron las más bajas desde hace 15 años y subrayó que la administraciones local son las que más quejas recibieron.