Unanime rechazo a la nueva PAC del Gobierno, autonomías y sector agrario
Califican de «disparate» sustituir los pagos directos por la llamada «tarifa plana» que pretende aplicar en Bruselas en la concesión de las subvenciones.
Silvia Clemente durante la conferencia celebrada ayer.
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, acordó ayer con las comunidades autónomas y el sector agrario una posición común en la que muestran su «rechazo pleno» y piden la retirada de la propuesta de Bruselas para reformar la Política Agrícola Común (PAC).
Aguilar declaró a la prensa, una vez concluída la Conferencia Sectorial y del Comité Consultivo con las distintas comunidades autónomas, que España defenderá esa postura común en el próximo Consejo de Agricultura de la Unión Europea (UE), que se celebrará el próximo jueves en Luxemburgo, en el que arrancarán las negociaciones sobre el texto de la reforma de la PAC.
La consejera de Agricultura, Silvia Clemente, participó en esta reunión centrada en la PAC, de la que cada año llegan a Castilla y León cerca de 924 millones de euros mediante el denominado Pago Único.
El Gobierno y las autonomías reivindican que no haya proyecto sobre el futuro de la PAC hasta que no se sepa el presupuesto para la agricultura más allá de 2014, rechazan, entre otros aspectos, la «tarifa plana» que pretende aplicar Bruselas en la concesión de las subvenciones y solicitan medidas adecuadas de gestión de los mercados.
Aguilar detalló que en el próximo Consejo de Ministros plantearán al comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, que la propuesta de reforma actual «no vale», porque «afecta gravemente a la agricultura productiva» española y europea, y que lo harán con una «voz unánime y potente».
La ministra defendió que España no aceptará «ni un solo paso atrás» en cuanto a la ficha financiera que recibe e, incluso, se que quiere «ir a más», y que ya está trabajando con países como Francia, Alemania, Italia o Grecia en una estrategia europea frente a la reforma.
Respecto a la sustitución de los pagos directos por una «tasa plana», afirmó que rechazarán «con total rotundidad» este cambio, porque «es un disparate» y es «insostenible» al «no tener en cuenta» la agricultura mediterránea «diversa».
En el documento de consenso, han abogado por la simplificación de la propuesta, la preferencia comunitaria y la reciprocidad en las relaciones comerciales.
Sobre los mecanismos de gestión de mercados, apuntó que «no son suficientes» en un contexto de volatilidad de precios y crisis de rentabilidad en algunos sectores, por lo que deben reforzarse y ser «rápidos» y «dar respuesta en tiempo real» a los productores. Además, no aceptarán que el segundo pilar de ayudas al desarrollo rural recoja una cofinanciación mayor al 50 % y exigen que se arbitren apoyos concretos para la mujer.
Para Aguilar también es insuficiente el 2 % de las ayudas directas que el texto de la reforma prevé para medidas que fomenten el acceso de los jóvenes a la agricultura.