Cuando una ley afecta al bolsillo
Las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno han levantado a funcionarios, sindicatos y patronal, y cuentan con informes desfavorables de distintos organismos.
Echar gasolina será aún algo más caro en la Comunidad dentro de poco.
Quizá nunca un proyecto de ley de Medidas Fiscales, Financiera y Administrativas haya levantado tantas ampollas en la Comunidad. Y es que cuando se toca el bolsillo de los ciudadanos la política baja hasta niveles terrenales. Desde los transportistas hasta los funcionarios, pasando por la patronal y los sindicatos, y sin olvidarnos del castellano y leonés de a pie, se han mostrado en contra de los nuevos impuestos adoptados por la Junta.
El sector sanitario se ha echado a la calle en contra de la ampliación de la jornada laboral de los funcionarios y distintos organismos como el Consejo Económico y Social, el Consultivo o el propio Asesor Jurídico de la Junta —según UPL— han presentado informes desfavorables.
La crisis ha hecho mella y no hay dinero; en la Administración, tampoco. «A nadie le gusta poner impuestos pero no queda otra», aseguró Herrera el día que anunció los nuevos tributos.
En el contexto económico actual, con casi 220.000 parados, los nuevos impuestos son difíciles de digerir. El céntimo sanitario ha dado en la diana del bolsillo del ciudadano. Llenar un depósito en Castilla y León de 50 litros pasará de costar 60 a 63 euros (4,8 céntimos más por litro). La patronal también se ha sentido herida y alega que los turistas cruzarán la Comunidad con el depósito lleno para no pagar más. En consecuencia: menos gasolineras y menos recaudación, aseguran. Los profesionales, que se levantaron en armas, consiguieron una bonificación. Para ellos, el tributo se reduce a 2,4 céntimos, pero aseguran que no es suficiente.
La luz. La ecotasa, que grava el impacto medio ambiental por la producción de energía, según la patronal se podría traducir en un incremento en la factura. Y la tasa impuesta a los vertederos, podría terminar por ahogar a las entidades locales. De hecho, el PP de la Diputación de Valladolid, votó en contra del nuevo impuesto que apoya su partido.
El suma y sigue para el usuario continúa con la tasa del 112 por actuaciones negligentes en montaña. Así, si al muchacho le da por trepar en zapatillas de camping, el coste del rescate correrá por su cuenta.
Las ayudas, subvenciones e inversiones han pasado a la historia. No hay dinero, porque hay que rebajar la deuda y el gasto. Los tributos suplirán el agujero, el PP prevé recaudar 252 millones con las nuevas mediadas. Mientras que la oposición en bloque rechaza el proyecto de ley y apuesta por «tumbarlo» el miércoles en las Cortes. Las enmiendas a la totalidad ya están en marcha, aunque el arco parlamentario, con mayoría del PP, no permitirá que salgan adelante.
Algún pequeño detalle podría variar en el debate de enmiendas. Pero esa es otra historia que ocurrirá dentro de quince días.