UPL: «25 ilegalidades para tumbar la norma»
EEl proyecto de Ley de Medidas está «repleto de ilegalidades, argumentaciones vagas, errores y actuaciones inconstitucionales». A esta conclusión ha llegado el procurador de UPL, Alejandro Valderas, tras estudiar los informes del Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social y el Asesor Jurídico de la Junta que «denuncian 25 reparos legales». «Como alguien se dedique a pleitear contra las medidas adoptadas tumba media ley», asegura, y advierte de que la argumentación que presentará el próximo miércoles en las Cortes «se basa en las conclusiones de estos tres organismos».
Valderas explica que la reforma de las condiciones laborales de los empleados públicos cuenta con informes negativos de las tres entidades, pero que «igualmente se va a llevar a cabo». «Todos coinciden en la falta de negociación previa y la ausencia de participación de los agentes sociales». El Asesor Jurídico destaca «la ilegalidad» que conlleva «parar la obtención de grado de los empleados públicos». «La junta está invitando a los funcionarios a que se levanten», asegura.
Por su parte, el CES señala que «la jornada laboral pública no se debe revisar por ley y que su regulación no compete a las Cortes». «Los sindicatos confían en que pueda negociarse y si se redactara en un reglamento se podrían hacer cambios con celeridad», destaca, y añade: «Las Cortes están para legislar, el cambio de la jornada debería hacerlo Junta». Además el Consultivo añade que la nueva norma «deroga parte del convenio colectivo sin previa negociación, lo que es ilegal e impugnable».
Cajón de sastre. En síntesis, Valderas asegura que la Junta «está utilizando la ley de medidas para todo y que, con las prisas, faltan informes de otros organismos». «En una sola norma se va a reformar, un decreto legislativo, 23 leyes, cuatro decretos, dos órdenes y un convenio colectivo y en el actual periodo de sesiones sólo se han tramitado dos leyes», recuerda.
Un argumento que también comparte el CES que concluye en su informe que «el contenido de la ley es «variopinto y que debería disgregarse en varias normas». Además, tanto el Consultivo como el CES señalan que la decisión de tramitar la ley de medidas por el procedimiento urgencia «no está justifica».
Y es que para Valderas «la presencia en este proyecto de ley de diversas materias no relacionadas con temas fiscales es absurda y la convierte en un cajón de sastre».