La mitad de los 26.260 inmigrantes que viven en León carece de tarjeta sanitaria

Más de la mitad de los 26.260 inmigrantes, que residen en la provincia de León, carece de tarjeta sanitaria. En la Comunidad el porcentaje desciende hasta el 18,6%, y de los 172.816 extranjeros, 32.216 no disponen de la tarjeta de Sacyl. La Junta propone en el anteproyecto de ley de Integración de Inmigrantes en la Sociedad de Castilla y León remediar esta falta de cobertura, que en gran parte de las ocasiones se debe a «la falta de información».

La Junta pretende consensuar el contenido de la nueva ley con todos los agentes sociales y así se lo trasladó ayer el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, a los integrantes del Foro Regional de Integración Social de los Inmigrantes. Hasta el próximo 16 de marzo, las asociaciones, sindicatos, patronal, organizaciones agrarias y ong podrán realizar sus aportaciones para «enriquecer» la futura norma.

Iguales derechos y obligaciones. Esta norma plasma el mandato estatutario que determina que han de reconocerse los mismos derechos y obligaciones a los ciudadanos de Castilla y León que a los extranjeros residentes en la Comunidad. El anteproyecto, que tiene como fin último la integración de los extranjeros en la sociedad castellano y leonesa, incluye acciones en materia de educación, sanidad, servicios sociales, empleo, vivienda, cultura y deporte.

Eso sí, las acciones que planteen los colectivos, a lo largo de las próximas semanas, deben estar en consonancia con la actual situación económica. «Hay que tener en cuenta la disponibilidad presupuestaria de estos momentos. No se puedene pedir cosas que sean un brindis al sol y que no se lleguen a cumplir», advirtió el consejero, ante la pregunta de si la ley concretará ayudas para el retorno de los extranjeros a sus países de origen.

En el ámbito educativo, la norma establece la escolarización obligatoria, así como las medidas necesarias para facilitar el acceso a becas y ayudas, y a la enseñanza superior. Además, todas las actuaciones públicas de integración tendrán el objetivo de educar a los inmigrantes escolarizados en el respeto a las normas de convivencia de los centros docentes, sin perjuicio del respeto a su ideología o libertad religiosa.

Aunque la norma no regula explícitamente la vestimenta permitida en los colegios, De Santiago Juárez quiso detenerse en este punto para advertir de que «los reglamentos que aprueban los centros escolares hay que cumplirlos aquí, en Cuenca y en el Magreb», en referencia a la polémica surgida en Burgos ante la negativa de una alumna a asistir a clase sin el velo.

Castilla y León se sumará a las comunidades de Valencia y Cataluña que ya han regulado por ley la integración de inmigrantes.