La Junta rechaza el copago pero apoya que se profundice en la sostenibilidad de los servicios básicos

La Junta de Castilla y León «nunca ha planteado» y rechaza el copago pero apuesta por que se profundice en la sostenibilidad del sistema para garantizar la calidad de los servicios sociales básicos. Así lo explicó el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, ante la posibilidad de que uno de los grupos de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera pueda analizar esa fórmula para asegurar la financiación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, De Santiago-Juárez insistió en que la Junta de Castilla y León «nunca ha planteado» el copago y precisó que este sistema ya existe en medicamentos que se prescriben a través de la receta verde, por lo que se refirió a la «confusión» que hay cuando se plantea esa vía.

Sin embargo, reiteró que, si el copago se dirige a otras vías de financiación de los servicios esenciales, la Junta está en contra y recordó la apuesta de esta legislatura de blindaje de los servicios sociales, línea en la que se ha dado el primer paso con unos ejes de trabajo en las distintas consejerías para plantear una propuesta dirigida al pacto que se quiere firmar en esa dirección.

De Santiago-Juárez opinó así en referencia a uno de los grupos de trabajo, creado en el seno del CPFF y a propuesta de la Junta de Castilla y León, que pueda abrir la vía de análisis del copago para financiar el Estado del Bienestar. El consejero portavoz sí abogó por profundizar en la sostenibilidad del sistema y recordó que la recaudación a través del 'céntimo sanitario' tiene como fin último sufragar la asistencia de salud.

La Junta se ceñirá a la caída del 1,7% del PIB.

La Junta de Castilla y León se ceñirá al escenario macroeconómico estatal de descenso de 1,7 por ciento del Producto Interior Bruto en la elaboración del presupuesto para este año, que prevé remitir a las Cortes en la primera quincena de abril, por entender que esa estimación es «realista».

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, consideró que el Gobierno de Mariano Rajoy, con los informes de los organismos internacionales en la mano, ha optado por una estimación de descenso de la economía del 1,7 por ciento para este año en las cuentas que va a presentar el 30 de marzo.

«Ellos con sus estudios (por el Gobierno) y la situación por la que atraviesa España han pensado que era realista hacer esa previsión; nosotros nos vamos a ceñir lógicamente al escenario macroeconómico que ha diseñado el Gobierno de España porque lo hemos hecho toda la vida», precisó el consejero portavoz en la rueda de prensa que sigue al Consejo de Gobierno.

De Santiago-Juárez volvió a recordar que la Junta tenía razón cuando en octubre decidió aplazar la aprobación de los presupuestos de 2012 hasta conocer un escenario y unos ingresos certeros, ya que el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera nunca consideró fiable el dato ofrecido por el anterior Gobierno de un crecimiento del 2,3 por ciento.

«Vamos a decrecer el 1,7, nada más y nada menos que cuatro puntos de diferencia», apostilló, para preguntar lo qué supone eso para la economía e insistir en que con ese dato querían que se hiciera el presupuesto para este año. «En el marco de ese escenario, elaboraremos nuestro proyecto de presupuestos», resumió.

Ataques al Estado autonómico y del bienestar

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, se sumó hoy a la censura a un «movimiento social», que afecta a todas las ideologías, y que en su opinión «ha calado» en la sociedad y responsabiliza a las comunidades autónomas de «todos los males» de España.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, De Santiago-Juárez incidió en la reflexión que realizó el pasado martes el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, cuando alertó sobre las «voces» que atacan al modelo autonómico que ligó con el Estado del Bienestar. «Algunos en estos momentos quieren matar dos pájaros de un tiro: se quieren cargar al Estado Autonómico y también al Estado del Bienestar», frase en la que resumió el portavoz la idea apuntada por el presidente.

Sin entrar en «nombres», consideró que ese «movimiento social" sí "ha calado» en la sociedad y se refirió a comentarios en «tertulias, conversaciones, cuando se lee» e incluso cuando «uno se toma una cerveza en un bar», pero advirtió de que en ese ataque «no van a encontrar» al Gobierno de Castilla y León.

En opinión de la Junta de Castilla y León, es «falso» ese debate cuando el 65 por ciento del presupuesto se destina por los ejecutivos autonómicos a la sanidad, educación y servicios sociales, afirmó el consejero portavoz, convencido de que con ese ataque se busca «dar un paso atrás» en el modelo autonómico, que como el presidente de la Junta ló calificó de un «éxito» de la democracia, ya la vez también en el Estado del Bienestar.

Duplicidades

Por otro lado, expresó el apoyo de la Junta a que se eviten las duplicidades, como apuntó ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso, y recordó que ese es uno de los objetivos de la Mesa de Ordenación del Territorio, donde se van a analizar las competencias de cada administración –local, provincial y autonómica- y la cartera de servicios que va a prestar cada una. En este sentido, precisó que los dos grupos de trabajo que diseñan esa materia se dan tres meses para presentar su propuesta.

En cuanto a la acusación de «transferencia de déficit» al anterior Gobierno y que ésta repercuta también ahora al reservarse el Ejecutivo central más margen y cargar un mayor esfuerzo a las autonomías como gestoras de los servicios sociales, De Santiago-Juárez se remitió a señalar que cuando criticaron al equipo de Zapatero de ello se referían a que ponían en marcha derechos, como la dependencia, y servicios sin financiación y las comunidades tenían que correr con ella. «El concepto de transferencia de déficit es: yo invito y tu pagas», definió. «Es transferir una competencia mal valorada; es transferir un derecho y que lo paguen las comunidades autónomas; es no cumplir el modelo de financiación autonómica», precisó.