Una nueva ley garantizará la autonomía de los discapacitados y su calidad de vida
Busca hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades en todos los. ámbitos.
El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ayer tras el Consejo de Gobierno.
Con el objetivo de garantizar la máxima autonomía personal de los discapacitados a lo largo de todo su ciclo vital, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha elaborado un anteproyecto de ley que recoge un nuevo enfoque sobre la atención a este colectivo, al que pertenecen más de 161.000 castellanos y leoneses.
La principal ventaja de esta futura ley es que se logrará la integración en un único texto legal de todas las medidas impulsadas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social de los discapacitados.
Según informó el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, el Consejo de Gobierno aprobó ayer este anteproyecto de ley, que será remitido al Consejo Económico y Social y al Consejo Consultivo, como pasos previos a su envío a las Cortes. El texto llegará a la cámara Autonómica antes de que finalice el actual periodo de sesiones, en el mes de julio.
Pleno desarrollo personal. La finalidad última que persigue la futura ley es proporcionar a las personas con discapacidad un sistema de apoyos, medios y condiciones necesarios para su pleno desarrollo personal a lo largo de su ciclo vital —prevención, educación, empleo, integración social—, y por facilitarles el ejercicio de su poder de decisión y su participación activa en la vida de la comunidad.
Así, el texto contempla una doble estrategia de intervención. Por un lado, se luchará contra la discriminación y por la accesibilidad universal y, por otro, se desarrollarán medidas específicas en nueve áreas: salud, educación, empleo, servicios sociales, cultura, deporte, turismo, ocio y medio ambiente.
Y es que la futura Ley recoge un nuevo enfoque de la atención a las personas con discapacidad, basado en los principios de no discriminación, de acción positiva, de defensa y protección jurídica, de sensibilización e información, así como medidas de participación y de promoción de la autonomía personal.
La Junta advierte de que no se trata de reconocer nuevos derechos para los discapacitados, más allá de los recogidos en la Ley de Servicios Sociales, sino de garantizar un proyecto de vida que implique el máximo grado de autonomía personal, su integración socio laboral y su participación en la sociedad.
La futura Ley ha sido consensuado con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).