La Junta facilitará a 3.731 proveedores el cobro de 1.066 millones en facturas pendientes

La Junta de Castilla y León facilitará a 3.731 proveedores el abono de 1.066 millones en facturas pendientes registradas hasta el 31 de enero de 2011 por obras, suministros o gestión de servicios para la Administración regional, así como a los conciertos en educación, sanidad y servicios sociales. La consejera de Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, informó hoy del listado de obligaciones que han remitido al Gobierno un día antes de que expirara el plazo, para acogerse al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 6 de marzo, al que se adhirió el Gobierno regional mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno del 29 de ese mes.

Del olmo, que estuvo acompañada por el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, departamento que asume más el 95,2 por ciento de la deuda a proveedores, incidió en que este plan está dirigido a financiar «deuda que no déficit» y constituye una medida «excepcional, muy reclamada» por la Comunidad, que permitirá «cumplir con las empresas». Del Olmo sustanció que la deuda que ahora se acomete se generó fundamentalmente por la repercusión de la crisis en los ingresos de la Junta, pero sobre todo por la merma de los fondos procedentes del modelo de financiación, que se reflejó, dijo, en el recorte de 724 millones de 2011 con el anterior Ejecutivo socialista. «Esto generó dificultades de tesorería y se dejó de pagar a proveedores, por lo que esta medida del Gobierno es muy buena», resumió.

Antonio María Sáez consideró «importante» este mecanismo y agradeció al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy que haya tomado «cartas en el asunto» ante la delicada situación de las autonomías para financiar la sanidad. Aseguró que plantearon esta medida al anterior Gobierno del PSOE como un «problema de Estado, y lo omitió». «Nunca entendí que el Estado se pusiera de perfil en este tema. Sin esta medida la sanidad pública hubiese sido insostenible», dijo.

Sáez Aguado manifestó que estos créditos constituyen una «buena noticia», ya que «van a permitir poner el contador sanitario a cero» y permitirán reorientar las cosas de forma más equilibrada en ingresos y gastos. «La deuda era una losa y esto da oxígeno a la sanidad pública», dijo. El consejero de Sanidad también desveló que la deuda se concentra en la sanidad por la bajada de ingresos provocada por el «fracaso» del modelo de financiación, y porque en otras áreas se pueden tomar decisiones sobre el gasto, pero en materia sanitaria «no se pueden cerrar hospitales, ni dejar de suministrar medicamentos». «En otros sectores la deuda tiene un impacto limitado, no en sanidad».

Plan de ajuste

Del Olmo constató que para poder acceder a estos créditos, el Ejecutivo autonómico debe remitir como condición «indispensable e imprescindible» antes del 30 de abril al Ministerio de Hacienda un plan de ajuste, que deberá reflejar el compromiso «firme» de Castilla y León con el cumplimiento de los objetivos de déficit y estabilidad presupuestaria, fijado en el 1,5 por ciento del PIB para este año. Aclaró que deberá incluir planes de reestructuración del sector público, de estímulo para la economía y el empleo y para rebajar el periodo de pago a los proveedores, todo ello acompañado de un calendario para el cumplimiento de los compromisos.

El consejero de Sanidad anunció las aportaciones su departamento al plan y explicó que reflejará las casi 100 medidas, que se incluirán en los presupuestos de la Comunidad, para mejorar la eficiencia y reducir y controlar el gasto en materia sanitaria. «Una vez que se pone el contador a cero, podemos ajustar nuestras estructuras e introducir medidas de mejora de la eficiencia para garantizar la sostenibilidad de la sanidad».

Sáez Aguado recordó que liquidarán la Fundación de Calidad Sanitaria, cuya función la asumirán los servicios de la Gerencia Regional de Salud. Destacó que ya han iniciado los trámites para una nueva estructura en los servicios centrales de la Consejería, en la que las unidades con rango de servicio se reducirán un 20 por ciento. También en el ámbito periférico se actuará en esa misma línea dentro del plan de reordenación. Anunció que en los próximos meses las dos unidades de la gerencia de salud de área y los servicios territoriales de sanidad, se integrarán en una sola. Sáez Aguado destacó que también trabajan en la reordenación de la estructuras directivas de Sacyl, para establecer un solo gerente para las gerencias de atención Primaria y Especializada, que verán reducidas así sus dimensiones, algo que ya se ha hecho en Soria y en Valladolid Oeste.

Primeros pagos en junio

Del Olmo explicó que los proveedores deberán adherirse de forma voluntaria a este mecanismo comunicándolo entre el 2 y el 22 de mayo. Una vez aprobado el plan de ajuste, se firmará una operación de crédito con el ICO y sus entidades colaboradoras, que serán las encargadas de transferir los pagos, algo que se producirá a partir de la primera quincena de junio, conforme a un orden basado en la antigüedad, el tamaño con preferencia para pymes y la litigiosidad.

La consejera concretó que la Junta deberá devolver el préstamo en diez años, con dos de carencia, y a un tipo de interés de 115 puntos básicos sobre lo que consiga el Tesoro. Estas deudas se pagarán, según constató la consejera, con cargo al presupuesto corriente del Gobierno regional, que deberá remitir una ley de suplemento de crédito a las Cortes, una vez que se formalice la operación de crédito.

Del Olmo recordó que acogerse a este mecanismo conlleva la renuncia a los intereses de demora y las costas en caso de estar en los tribunales. Concretó que en 2012 pagarán si se adhieren todos los proveedores, unos 25 millones de intereses por medio año y en 2013, 50 millones, para empezar a amortizar capital en 2014, por 125 millones. Unos intereses muy por debajo de los de demora, que pueden situarse en el nueve por ciento, dijo, para precisar que sólo Sacyl pago en ese concepto 30 millones el año pasado.

Reparto de la deuda

El consejero de Sanidad repasó el reparto de la deuda a proveedores de su departamento, que se centra en más de un 90 por ciento, dijo, en suministradores a hospitales. Concretó que el 46 por ciento corresponde a suministro de medicamentos, y más de 50 por ciento a tecnología. Comentó Sáez Aguado que la parte más importante se debe a las grandes empresas farmacéuticas y de suministro de tecnología, ya que decidieron priorizar en sus pagos a las pymes, que «tienen más dificultades» para sobrevivir. Precisó que de los casi 1.000 millones de gasto farmacéutico, más de 250 corresponden a hospitales, y 700 a recetas en farmacias, que «se llevan al día».

Por su parte, Del Olmo señaló que el 98,3 por ciento de la deuda corresponde a la Administración General y a los organismos autónomos de la Comunidad, un 1,2 por ciento, a entes públicos y el 0,5 por ciento restante, a empresas publicas y fundaciones. La consejera también comentó que el grueso de los contratos corresponde a actuaciones en 2010 y 2011, aunque también hay algunos suscritos en 2008, «pocos y de escasa cuantía», dijo.

Mecanismo voluntario

La consejera explicó que el mecanismo para acogerse al programa es «complicado», aunque se puede consultar en el BOE de ayer y también a través de la web de la Junta. Del Olmo concretó que el mecanismo es de adscripción voluntaria por parte de los proveedores, a los que animó a acudir a este programa para cobrar sus deudas pendientes. Sanz agregó que «lo previsible es que la práctica totalidad de las facturas se liquiden» con el mecanismo.

La consejera insistió en que «es importante que los proveedores digan que se adhieren, algo que podrán hacer entre el 2 y el 22 de mayo a través de la web de la Agencia Estatal Tributaria o de forma presencial en la Intervención General de la Junta, rellenando un documento oficial.

Aclaró Del Olmo que a partir del próximo lunes, 16 de abril, los proveedores podrán consultar a través de la web de la Junta o el teléfono de información administrativa 012, sus facturas, proporcionando el NIF y el importe de la misma. Si no localizase su factura, pueden reclamar a la Intervención General de la Junta y si no contesta en 15 días, se dará por incluida en el mecanismo (silencio positivo adsministrativo).