Martín-Granizo precisa «hace ya un mes» que las Fiscalías investigan sobre los sueldos de los directivos

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Manuel Martín-Granizo, precisó hoy que «hace ya un mes» que las Fiscalías Provinciales de León, Soria y Segovia investigan sobre los sueldos, indemnizaciones, prejubilaciones y créditos de los directivos de las ya extintas Caja España, Caja Duero y Caja Segovia, tras el proceso de reordenación del sector financiero.

En declaraciones a la agencia Ical, Martín-Granizo -tras dejar claro que esta cuestión no afecta ni a Caja de Burgos ni a Caja de Ávila- indicó que existe un plazo de seis meses prorrogable a otros seis para su remisión al Juzgado. En este sentido, aseguró que ya se está investigando tanto en Segovia como en León.

«En Segovia, esa misma denuncia había sido objeto de otra y está ya en el Juzgado», dijo, y agregó que «en León también había otra denuncia en la Fiscalía en relación con el alcalde y se está investigando».

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dio instrucciones al fiscal superior de Castilla y León para que sea cada Fiscalía Provincial de esta Comunidad autónoma la que abra unas diligencias de investigación sobre los sueldos de estos directivos de las entidades de ahorro.

Se trata de la orden que la Fiscalía General dio a Manuel Martín-Granizo, que preguntaba a quién correspondía investigar los hechos que denuncia el coordinador de Izquierda Unida (IU) en Castilla y León y procurador del Grupo Parlamentario Mixto, José María González Suárez, sobre las presuntas prácticas delictivas de los ejecutivos de estas entidades de ahorro al existir otras denuncias similares en otras autonomías. Así, la denuncia de González Suárez se remitió a cada fiscal de provincia afectado para que abra una investigación.

Izquierda Unida denunció el pasado noviembre ante el fiscal jefe de Castilla y León que «diferentes consejeros de Caja España, Caja Duero, Caja Burgos, Caja de Ávila y Caja Segovia» intervinieron de forma decisiva en sus consejos de administración para obtener créditos de escasa solvencia o en condiciones mucho más ventajosas o condiciones de prejubilación que han perjudicado a terceros. El fiscal general responde al fiscal jefe de Castilla y León que «no concurren elementos de conexidad [entre las citadas cajas de ahorro] que justifiquen su tramitación conjunta» y que «no hay razones fundadas» para que sea la Fiscalía Anticorrupción la que investigue los hechos denunciados. Por eso, según explicó el fiscal jefe del Alto Tribunal castellano y leonés, lo remitió a cada Fiscalía Provincial.