Herrera pide que la Comunidad sea beneficiaria de las Ayudas Regionales

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, defendió ayer ante el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, que las Directrices de Ayudas Regionales 2014-2020 de la Comisión Europea, incluyan como beneficiarias directas a las autonomías con una baja densidad de población fijada en 50 habitantes por kilómetro cuadrado, cifra que maneja la Dirección General de Política Regional europea en sus propuestas de cara al periodo.

La Comisión Europea plantea que las zonas con baja densidad de población, en la actualidad aquellas por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, gocen de un estatus especial y sean consideradas y elegibles automáticamente como beneficiarias, y se les permita unos techos más altos de ayudas y apoyos específicos al funcionamiento de las empresas. Ante este planteamiento, el presidente Herrera expuso la conveniencia y la necesidad de homogeneizar criterios de valoración bajo sus pretensiones de situar la consideración de baja densidad en los 50 habitantes por kilómetro cuadrado.

A lo largo de la reunión con el comisario Almunia, el presidente Juan Vicente Herrera puso en conocimiento de la Comisión, la propuesta elevada al Gobierno de la Nación de solicitar que la totalidad del territorio de la Comunidad de Castilla y León sea incluido en los apoyos, aportando los estudios y datos necesarios que apoyen esta solicitud. En el documento, la Comisión propone que sólo las regiones con menos del 75% del PIB europeo o aquellas con un estatus especial, como las ultraperiféricas, puedan recibir ayudas.

Compromiso

Asimismo, Juan Vicente Herrera, trasladó ayer al Comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, el compromiso de las comunidades autónomas con los objetivos de déficit y explicó que el desvío el pasado año en las cuentas del Estado español «no se deben a abusos de gasto» por parte de las regiones.

Juan Vicente Herrera justificó que las comunidades tienen competencias «tan complicadas» como la sanidad, la educación o los servicios sociales, cuyo gasto se ha venido deteriorando debido a la prolongada crisis económica. «Las dos recesiones en España y la consiguiente caída de los ingresos públicos han determinado un auténtico agujero en la financiación de determinadas competencias que son básicas», explicó al término de su reunión con Almunia.

Por ello, consideró necesario trasladar este «problema» a las instituciones de la Unión Europea para sacudir las dudas que tienen sobre el comportamiento de las autonomías.