Sanidad renuncia a su compromiso de operar en 130 días como máximo

La Consejería de Sanidad derogará el decreto de garantías de demora máxima para intervenciones quirúrgicas y se adaptará a la norma fijada para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Esto se traduce en que los pacientes que precisan de una operación de cirugía cardiaca valvular, coronaria, cataratas, prótesis de cadera o de rodilla podrían esperar hasta 50 días más para ser operados -se pasará de un máximo de 130 a 180 días garantizados-, y en que para el resto de intervenciones no habrá tope de espera. No obstante, desde Sacyl se comprometen a que las intervenciones quirúrgicas de carácter oncológico y de cirugía cardiaca no valvular se realicen en un plazo máximo de 30 días.

Con esta medida, que podría acometerse en dos meses, la situación en Castilla y León se retrotrae a la aprobación del Decreto de 2008 que regula la garantía de plazos máximos en intervenciones quirúrgicas no urgentes y por el que se creó el registro de pacientes en lista de espera de Atención Especializada. Esta norma, que ahora la Consejería modificará, habilitaba al paciente, en caso de no cumplirse los 130 días, a elegir un centro para ser intervenido y obligaba a la Gerencia Regional de Salud a sufragar los gastos. Al adaptarse a la norma estatal, un decreto de mínimos aprobado en 2011, la Consejería sólo se fija un máximo de 180 días para los que deban ser sometidos a los cinco procesos citados, al tiempo que anula la opción de recurrir a la privada.

Con este paso, Castilla y León sigue la estela de Baleares y Navarra, que ya han derogado sendos decretos de garantías de demora. No obstante, la voluntad de la Administración es «mantener los ritmos actuales», por medio del incremento de la actividad en los centros propios, según explicó a Ical el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado.

Gestión clínica

En este objetivo jugará su papel la implantación del modelo de gestión clínica, cuya filosofía radica en dotar de mayor capacidad de gestión y organización a los servicios hospitalarios, y la ampliación de la jornada de los profesionales de Sacyl.

De hecho, la estimación de la Consejería es que esta rebaja de la autoconcertación suponga más actividad ordinaria y un ahorro para las arcas de Sanidad de 14,3 millones en 2012 y 2013, a razón de 9,8 millones y de 4,5 en cada anualidad, respectivamente.

«La derogación del decreto no tiene por qué tener una gran incidencia en la evolución de las demoras. Queremos aumentar la productividad, porque aquí se han incrementado mucho los recursos materiales, tecnológicos y humanos y la actividad no ha evolucionado al mismo ritmo. Se han hecho grandes esfuerzos en tecnología e infraestructuras, y estas inversiones hay que rentabilizarlas con recursos propios», indicó Sáez.

La medida se enmarca también dentro de la decisión de su departamento de reducir los conciertos quirúrgicos, que el año pasado ascendieron a 20, 22 millones de euros.