Diario de León

El PSOE dice que ampliar las listas de espera favorece la sanidad privada

UPyD alega estar «cansado de escuchar promesas» que «nunca se materializan».

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La secretaria de Sanidad del PSOE de Castilla y León, Mercedes Martín, afirmó ayer que la derogación del decreto de garantías de demora máxima para intervenciones quirúrgicas anunciado por el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, tendrá como beneficiaria a la sanidad privada a la que otorga una «oportunidad de negocio».

Para Martín, la eliminación de esas garantías de demora rompe la «equidad» y la «igualdad» en el acceso a los servicios sanitarios para las mismas necesidades, acabando así con el «principio básico de la sanidad pública» y estableciendo diferencias entre «enfermos de primera y de segunda» puesto que la única opción que le queda a quien necesita ser operado es recurrir a la sanidad privada, «quien pueda», matizó.

Por este motivo, anunció que el PSCyL elevará a las Cortes esta misma semana la petición de debatir tal decisión e instar al consejero de Sanidad a que «rectifique» puesto que, en su opinión, se ha convertido en el «mayor atacante» de la sanidad pública.

En tal sentido la procuradora socialista lamentó que el Gobierno regional tenga como prioridad cumplir con el objetivo de déficit en lugar de la salud de los castellanos y leoneses y criticó que la sanidad pública se haya convertido «en la tortura de los ciudadanos en la era Rajoy y Herrera» a los que acusó de estar «sobrepasando todos los límites».

Asimismo, Martín preguntó al consejero «¿a cuántos gerentes va a cesar?» en alusión a la «ineficacia» de la que habló Saez Aguado al indicar que el incremento de los recursos en los últimos años no se ha visto correspondido con una evolución adecuada de la actividad sanitaria.

«Atentado»

Por su parte, UPyD de Castilla y León consideró ayer un «atentado» contra los derechos de los pacientes la derogación de la denominada garantía de demora, por la cual los ciudadanos tenían hasta ahora asegurada una intervención quirúrgica en el plazo máximo de 130 días. Además, la formación pidió medidas contra la crisis económica, basadas en la mejora de la eficiencia en la gestión y no a la «merma «de la calidad asistencial.

A juicio de UPyD, la crisis está llevando a una «dura política de recortes», según indicó el coordinador autonómico del partido, Félix Sánchez Montesinos.

En su opinión, esta medida impulsada por la Consejería de Sanidad supone un «nuevo recorte», aunque comparte las tesis del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien está implementando una estrategia para mejorar la eficiencia. No obstante, aseguró estar «cansado de escuchar promesas» que «nunca se materializan».

Por último,instó a la Junta a cumplir sus promesas y a adoptar medidas encaminadas a mejorar la eficacia y el rigor en la gestión clínica, si bien dudó de su capacidad para implementarlas.

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