Diario de León

La crisis provoca un aumento del 31% de las quejas al Procurador del Común

Los ciudadanos presentaron el año pasado 755 reclamaciones más que en 2010.

El Procurador del Común entrega a la presidenta de las Cortes el informe del 2011.

El Procurador del Común entrega a la presidenta de las Cortes el informe del 2011.

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piluca burgoscorresponsal valladolid
León

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Las quejas de los ciudadanos al Procurador del Común no han dejado de crecer desde que la crisis hiciese mella en el país. De hecho, el Procurador del Común, Javier Amoedo, resaltó que la situación económica ha aumentado en un 31% el número de reclamaciones en 2011, hasta llegar a las 2.411, 755 más que en 2010. Una tendencia que también reflejan los datos del primer cuatrimestre de 2012, donde ya se acumulan cerca de 1.000. «De seguir así concluiríamos el año con alrededor de 3.000 quejas», advirtió Amoedo, y se superaría el record de las 2.618 reclamaciones de 2006.

El Procurador del Común dictó a lo largo del año pasado un total 1.064 resoluciones —con una media de tres al día— de las que el 73% fueron aceptadas, total o parcialmente, por las distintas administraciones. Así lo refleja el informe anual de 2011 que ayer presentó Amoedo en las Cortes de Castilla y León, donde recordó que todos los ciudadanos «tienen abiertos los despachos» de la institución para recoger y estudiar sus quejas.

Y es que no todas las reclamaciones que presentan los castellanos y leoneses cuentan con una resolución positiva para el ciudadano demandante; el Procurador del Común archivó el 44% (468) al no detectar ninguna irregularidad. El otro 56% (596) se tradujo en recomendaciones o sugerencias a distintas administraciones.

La mayor parte de las instituciones contestaron al Procurador del Común, un total de 438, de las que 286 aceptaron sus resoluciones y 49 de forma parcial, lo que se traduce en que el 73% suscribieron las recomendaciones. «Lo ideal es que todas emitiesen una respuesta, pero el volumen es aceptable, aunque podría mejorarse», destacó Amoedo.

Sin embargo, las administraciones no aceptaron 103 resoluciones y otras 116 ni siquiera obtuvieron respuesta. El resto, 42 expedientes, fueron archivados por conclusión del plazo o por otros motivos.

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