Descienden un 28,3% los embargos a las familias leonesas en el último año

Un total de 2.293 familias castellanas y leonesas recibió en 2010 el primer aviso judicial por no haber hecho frente a los pagos de las hipotecas. Las ejecuciones hipotecarias ordenadas por los juzgados de la Comunidad, que suponen el inicio de un proceso que puede terminar o no en la subasta, se redujeron un 23,5 por ciento, algo más que la media nacional, que se situó en el 16,9 por ciento, según se desprende de los datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales, realizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según el órgano judicial, durante el pasado año los juzgados dictaron 2.293 embargos frente a los 2.998 del mismo periodo de 2010, los 3.019 de 2009, 1.876 de 2008 y los 888 registradas en 2007, antes del inicio de la crisis. De esa forma, desde 2007 los procesos de ejecución hipotecaria se han disparado en la región un 158,2 por ciento, mientras que en la media nacional se triplicó (con un incremento del 200 por ciento).

La provincia que registró un mayor descenso de ejecuciones hipotecarias en 2011 fue Palencia, donde 102 propietarios, ya fueron particulares o empresas, vieron cómo los bancos y las cajas les anunciaron el embargo del inmueble al no poder hacer frente a los pagos de las hipotecas. Ese volumen supone un descenso del 39 por ciento frente a las 167 que se contaron un año antes, en 2010.

Con una caída mayor que la media regional se situaron también Ávila, que registró una evolución desde los 266 embargos de 2010 hasta los 169 de 2011, con un retroceso del 36,5 por ciento; Zamora, donde los embargos pasaron de los 196 de 2010 a los 138 del año pasado (-29,6 por ciento); Valladolid, provincia en que 554 propietarios perdieron sus viviendas frente a los 785 que se enfrentaron a la misma situación en 2010 (-29,4 por ciento); y León, donde las ejecuciones hipotecarias crecieron de las 537 de 2010 a las 385 de 2011 (-28,3 por ciento).

Además, se produjeron descensos por debajo de la media autonómica en Soria, que pasó de 76 a 61 (-19,7 por ciento); Burgos, de 447 a 369 (-17,4 por ciento); y Salamanca, de 359 a 339 (-5,6 por ciento). La única provincia castellana y leonesa que vio cómo aumentó la ejecución hipotecaria fue Segovia, donde se evolucionó desde las 165 ejecuciones del último trimestre de 2010 hasta las 176 del mismo periodo del pasado ejercicio (con un aumento del 6,6 por ciento).

Entidades financieras

Son las entidades financieras las que recurren principalmente a los juzgados para reclamar una ejecución hipotecaria cuando el impago de las cuotas supera los tres meses, una situación que afecta tanto a particulares como a promotoras que no han logrado vender sus pisos. Entonces se inicia un proceso que puede terminar en la subasta del inmueble y el desahucio de sus ocupantes. El órgano judicial advierte también que la cifra de embargos puede ser mayor de la que aparece reflejada en las estadísticas ya que una sola petición de ejecución hipotecaria puede afectar a más de un inmueble.

El CGPJ también analiza las otras causas que se han disparado a consecuencia de la crisis y que, a su vez, colapsan el trabajo de los juzgados. Tal es el caso de las resoluciones de despidos cuando no hay acuerdo entre la empresa y el trabajador. Situación que ha llevado a los juzgados de lo social de la Comunidad a abrir 5.537 causas, un 9,8 por ciento más que en 2011, aunque el porcentaje resulta menor que la media nacional, del 5,1 por ciento. El mayor número de despidos que llegó a los juzgados de lo Social se produjo en Valladolid, con 1.291 causas; a continuación aparecen León, con 1.137; Salamanca, con 780, y Burgos, con 767 despidos en manos de los tribunales. Cifras menores presentan Zamora (543), Palencia (430), Segovia (280), Ávila (185) y Soria (124).

Concursos de acreedores

Más moderado fue el incremento en 2011 de los concursos de acreedores, antiguas suspensiones de pagos, a los que se acogieron 324 empresas de Castilla y León frente a las 315 del año anterior. Esto supone un crecimiento del 2,9 por ciento cuando la media nacional fue del 12,5 por ciento.

En la provincia de Ávila, un total de 11 empresas se acogieron a la Ley Concursal, idéntica cifra a la registrada el ejercicio precedente. En Burgos fueron 43 sobre 55. En la provincia de León, las empresas concursadas llegaron a 72 frente a las 73 de 2010. En Palencia la subida fue mayor, al triplicarse y pasar de 9 a 27. En Salamanca y Segovia los juzgados ordenaron 40 y 21 concursos de empresas, respectivamente, frente a los 55 y 18 del año anterior. Mientras que en Soria se pasó de 7 a 13, en la provincia de Valladolid los juzgados resolvieron 83 concursos de acreedores sobre los 76 de 2010. Por último, en Zamora el número de concursos creció de 11 a 14 en 2010.

Además, los juzgados de la Comunidad atendieron 9.073 reclamaciones de cantidades, un 0,9 por ciento menos que en 2010, cuando el número de causas llegó a las 9.151. En este caso, los juzgados de Castilla y León acumulan más trabajo que los del conjunto de España, donde la media de reclamaciones se redujo un 8,7 por ciento.