Las ayudas profesionales para los dependientes aumentan un 20%

La Junta de Castilla y León reducirá a partir del 1 de agosto en más de un 15 por ciento las prestaciones destinadas a cuidados familiares de personas dependientes. Esta medida se suma a la reducción estatal de otro 15 por ciento aprobada por el Real Decreto Ley del pasado día 13, para «potenciar» las prestaciones por servicios profesionales, tanto residenciales como a domicilio, que se beneficiarán así de un aumento del 20%, tal y como anunció ayer la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos.

Todas las novedades, recalcó, irán encaminadas a «hacer menos atractivos los cuidados informales», esto es, los de cuidadores no profesionales en el entorno familiar, a favor de la atención profesional. Milagros Marcos insistió en que los primeros son «excepciones según la ley» y que en ningún caso se plantearon como «un subsidio familiar», porque para eso «está la Renta Garantizada de Ciudadanía».

Por todo ello, la Junta reducirá progresivamente las prestaciones familiares en un diez por ciento más en 2013 y en otro diez por ciento adicional en 2014, lo que equivale a una reducción de más del 35% en tres años, que se suma a la ya fijada por el Estado en la reforma de la Ley de Dependencia.

Más puestos de trabajo

De igual manera, se «acercarán los servicios al ciudadano» mediante el desarrollo de los centros «multiservicios», ya anunciados por Familia e Igualdad de Oportunidades, que «ofertarán todo tipo de servicios en el propio domicilio».

Estos ajustes tienen por objeto, según Marcos, «estabilizar y fomentar el empleo en los servicios sociales» y «garantizar la calidad de la atención» y la «viabilidad del sistema y su red de servicios», donde en la actualidad hay 7.700 plazas vacantes en residencias y centros de día de Castilla y León, el 22% del total, lo que equivale a 5.159 puestos de trabajo menos.

Dependencia

En su comparecencia, la consejera de Familia e Igualada de Oportunidades también hizo un repaso a la situación actual de la Dependencia en Castilla y León, donde los servicios suponen el 67,94% del total de las prestaciones, frente al 54,68% estatal, y las prestaciones de cuidados en el entorno, un 32,06%, mientras que en el conjunto del Estado llegan al 45,32%.

También remarcó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades que desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007 hasta finales de 2011, el Estado adeuda a la Comunidad 457 millones de euros en concepto de financiación, a los que Marcos sumó los 26,2 millones correspondientes a la reducción de las partidas de 2012. Ante este escenario, remarcó, es fundamental «garantizar el modelo» en Castilla y León y su «viabilidad económica actual y futura».