Entra en vigor el decreto ley con medidas urgentes frente a la crisis
Incluye la supresión de la paga extraordinaria a todos los trabajadores públicos.
Imagen del Bocyl, al que se puede acceder también a través de la página web de la Junta.
El decreto ley con medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria, aprobado el pasado día 16 por el Consejo de Gobierno de la Junta y que adapta la normativa estatal al respecto, entró ayer en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Entre otras medidas, contempla la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre a todos los trabajadores de la Junta y de los entes del sector público autonómico, incluidos aquellos que prestan servicios en empresas públicas y fundaciones, así como los que tienen suscrito un contrato mercantil o de alta dirección, con lo que el Ejecutivo regional calcula que se ahorrará cerca de 200 millones de euros.
Las nóminas de todos los altos cargos de la Junta experimentarán la misma rebaja que las del resto de trabajadores públicos, al igual que las de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de las Cortes; los portavoces y otros cargos directivos de los grupos parlamentarios, y los consejeros de los Consejos Consultivo y de Cuentas, mientras que la del presidente, Juan Vicente Herrera, que es el único que cobra en 12 pagas, se verá reducida en una catorceava parte.
Otros sectores afectados
También a los profesores de los centros privados concertados se les reducirá el sueldo en el mismo porcentaje que al personal docente de la enseñanza pública, mientras que las universidades públicas deberán acomodar sus retribuciones a lo establecido por el Gobierno. La única excepción a esta regla son los 470 empleados públicos cuyas percepciones por jornada completa, excluidos los incentivos al rendimiento, son inferiores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional establecido para el año 2012 (920 euros al mes).
Por otra parte, el decreto ley también establece la reducción a partir del 1 enero de 2013 a tres de los días ‘moscosos’ de los que disfrutan los trabajadores públicos y la supresión de los denominados ‘canosos’ (días libres que se obtienen en función de la antigüedad), con un ahorro que ronda los 20 millones de euros.
Asimismo, modifica la prestación complementaria prevista para las situaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes, situándola en el máximo permitido por la normativa estatal. Entre el primer y tercer día de baja el trabajador percibirá el 50 por ciento de las retribuciones que hubiera cobrado en el mes anterior; entre los días cuarto y vigésimo, la complementación alcanzará, junto con la prestación económica reconocida por la Seguridad Social, el 75 por ciento, y a partir del día 21 se recibirá el 100 por ciento.
El complemento también llegará a la totalidad de las retribuciones en caso de hospitalización e intervención quirúrgica, así como en los supuestos de accidente de trabajo o enfermedad profesional.