El Procurador del Común se define como «garante de derechos» ciudadanos
Las comunidades con Defensor Autonómico presentan más quejas por habitante.
El Procurador del Común y el presidente de la Junta se saludan momentos antes de iniciarse en las Cortes la comparecencia.
El Procurador del Común, Javier Amoedo, defendió ayer ante el pleno de las Cortes que la institución ejerce de «auténtico mecanismo de garantía y tutela de los derechos de los ciudadanos». Además, destacó que su labor es posible gracias a tres herramientas «esenciales»: la independencia, objetividad e imparcialidad y la cercanía tanto a los ciudadanos como a las administraciones.
Precisamente, la cercanía es para Amoedo un valor seguro, ya que en aquellas comunidades donde existe un Defensor del Pueblo autonómico, el número de quejas es mayor. De hecho, así lo corroboró ante la cámara con un estudio elaborado a partir de los informes anuales del Defensor del Pueblo, de las Defensorías Autonómicas y del padrón a 1 de enero de 2011 que demuestra que la Comunidad triplica el número de quejas respecto a otras que no cuentan con esta institución. Así, mientras que Castilla y León ha presentado 14,09 por cada 10.000 habitantes, en otras comunidades sin esta figura autonómica, el número de reclamaciones es sensiblemente inferior: Cantabria con 5,38 por 10.000 habitantes; Extremadura, con 4,05, y Baleares, con 3,85.
Desde que presentara el informe anual en las Cortes el pasado mes de mayo, parte de las quejas sin contestar han recibido respuesta. De las 116 pendientes, las distintas administraciones han contestado a 95 (66 aceptadas) y aún restan un total de 21 reclamaciones sin noticias.
De las 2.411 quejas presentadas en 2011 —455 más que el año anterior— el mayor volumen, una vez más, proviene de ciudadanos leoneses (608), seguidos de Burgos (324), Valladolid (274), Salamanca (232), Palencia (210), Zamora (170), Segovia (154), Ávila (123) y Soria 61. En cuanto a las 1.064 resoluciones, 420 se dirigieron a la Administración Autonómica y 664 a la Local.
Entre ellas destacó las dictadas en apoyo a los enfermos de fibromialgia, la insatisfacción del sistema de salud mental existente en la Comunidad, así como la demanda de una mayor implicación de las administraciones para solucionar el problema de los ruidos para lo que pidió que se cierren aquellos establecimientos reincidentes.