Los ayuntamientos contarán en 2013 con una financiación no condicionada mínima de 3.000 euros y máxima de 1.500.000
La Junta se compromete a aprobar un proyecto de ley de participación de los entes locales en los ingresos de la Comunidad, una vez que se cuente con la reforma estatal y la ley autonómica de Ordenación
Los ayuntamientos de Castilla y León contarán con una financiación incondicionada mínima de 3.000 euros, 1.000 euros básicos y 2.000 mínimos en función de la población y los servicios que prestan a los ciudadanos, de manera que hasta los municipios más pequeños tendrán el próximo año esos ingresos y ninguno podrá percibir más de 1.500.000 euros, donde están las capitales de provincia.
El acuerdo sobre el modelo de ordenación territorial detalla la financiación para el próximo año de los ayuntamientos, en la apuesta de que todos ellos se mantengan, sin que haya “supresiones forzosas”, así como las entidades locales menores. Así, se destinan a todos ellos un importe básico de 1.000 euros y no menos de 2.000 euros en función de la población (14 euros por habitante), nivel de competencias y entidades locales dependientes de ellos.
La Junta se compromete a incrementar estas partidas en un 10 por ciento en los presupuestos de los ejercicios de 2014 y 2015 así como a que la financiación sea incondicionada en el “mayor porcentaje posible”. Otro de los ejes de este acuerdo se centra en la cooperación financiera local, donde se incluye un plan de empleo local dotado con 20 millones de euros, que figura como plan de choque de empleo con unos 30 millones de euros.
Otro de los compromisos es la aprobación de un proyecto de ley de participación de las entidades locales en los ingresos propios de Castilla y León, recogido en el Estatuto de Autonomía y una de las reivindicaciones históricas del PSOE. Sin embargo, esta ley entrará en las Cortes tres meses después de que el Gobierno haya acordado su reforma de régimen local y la Junta haya aprobado el proyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio.
La financiación a las entidades locales se completa con el Pacto Territorial, que sustituirá al actual Pacto Local, cuya vigencia concluyó en 2011, y que se negociará en el seno de la Federación Regional de Municipios y Provincias.
El pacto sobre el modelo de ordenación territorial se planteó por la Junta hace más de un año cuando presentó su propuesta y se abrió una mesa con la presencia de los agentes políticos y sociales. Las diferencias sobre la nominación de distritos que pretendía el Ejecutivo han llevado a que se pase a la regulación de mancomunidades de interés comunitario, figura ya recogida en la ley autonómica de 1998, aunque no desarrollada, como base de la ordenación.
La ordenación se asentará en las 'unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio', mapa en el que deben converger los servicios públicos que presta la Junta como la sanidad o educación. También se quiere que las mancomunidades de interés comunitario, que se presenta como asociación voluntaria de municipios, coincida con las unidades básicas de ordenación.
Para ello, se trabajará en la revisión y reforma de las actuales mancomunidades que prestan distintos servicios, si bien el acuerdo refleja que no supondrá la creación de nuevas estructuras administrativas, que era una de las peticiones del PSOE y del PP.
Aunque la apuesta de los socialistas pasa por la supresión de las diputaciones, el documento firmado hoy avanza en la modernización para adecuarlas al modelo que se presenta y para suprimir duplicidades. Como novedad se incorpora el compromiso de PP y PSOE de promover que la elección de los diputados provinciales sea por sufragio directo. Herrera y Villarrubia reconocieron que es una declaración de intenciones que trasladrán a sus respectivos partidos en Madrid, que son los que tienen la competencia para hacer esa reforma.