La Junta va a ahorrar 50 millones con la reordenación sanitaria
Las medidas «no eliminan servicios, sino ciertas rigideces» en la forma de trabajo.
Antonio Sáez, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Un total de 50 millones de euros, esta es la cantidad que el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, estimó ayer que se ahorrarán las arcas autonómicas con la entrada en vigor —antes de noviembre— del decreto ley que recoge nuevas medidas en ordenación sanitaria, jubilación e incapacidad temporal de los funcionarios, así como la suspensión del complemento de productividad variable para los sanitarios de Sacyl.
Estas medidas persiguen un doble objetivo: «contener el gasto y garantizar la sostenibilidad de los servicios esenciales» a través de un sistema «más flexible y eficiente». El consejero negó que esta reordenación vaya a afectar a «los servicios de las zonas básicas de salud», ya que se mantienen «los equipos de Atención Primaria y los servicios de área». «Sólo se eliminan ciertas rigideces», añadió.
En cuanto a la reordenación sanitaria, el decreto ley flexibiliza las funciones de los sanitarios dentro de las zonas Básicas de Salud.
Así, los funcionarios podrán desarrollar sus labores fuera de las fronteras de su zona. También regula los servicios ya existentes, y que son comunes a varias zonas básicas de salud —fisioterapia, salud bucodental y matronas, entre otros—, para que puedan existir puntos de atención continuada desde los que se atienda a varias zonas.
En materia de jubilación, el decreto modifica la prolongación en el servicio activo después de los 65 años «de forma automática». La Administración estudiará cada caso en particular y resolverá atendiendo a tres criterios: aptitud para el cumplimiento de las tareas y funciones propias del puesto de trabajo; conducta profesional, rendimiento o consecución de objetivos, y razones organizativas y de racionalización de los recursos humanos.
El decreto también unifica la regulación autonómica del complemento de incapacidad temporal con la legislación estatal que entró en vigor el 16 de octubre y, con carácter temporal, hasta que el crecimiento económico supere el 2,5% del PIB de la Comunidad, suspende una parte de las retribuciones en concepto de productividad variable que percibían los profesionales sanitarios, y se establecen nuevas cuantías en otros conceptos que consolidan el 45% de la productividad derivada del Acuerdo Marco de 2002 para todas las categorías profesionales.