La Junta pone en marcha el servicio de apoyo a las familias en riesgo de desahucio
El nuevo sistema habilitará medidas preventivas, como planes de economía familiar.
El servicio de apoyo buscará a familias en situaciones de riesgo de insolvencia.
La Junta de Castilla y León puso en marcha ayer el servicio de apoyo «integral y pionero» de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, que se ofrecerá a mediar en la renegociación de las deudas con las entidades bancarias y, además, habilitará otras medidas «preventivas», como el diseño de planes de economía familiar, o «paliativas», si llega a producirse el desahucio, según informó ayer la agencia Ical.
Así lo explicó durante su presentación la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, tras la reunión que mantuvo el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con las diez entidades bancarias que se han adherido al servicio, en el que también participarán la Consejería de Familia, que pilota y coordina el programa a través de la Gerencia Regional de Servicios Sociales, la Consejería de Economía y Empleo, Fomento, el Colegio de Abogados y el de Registradores de la Propiedad, Cáritas, las nueve diputaciones y los 15 ayuntamientos de la Comunidad con más de 20.000 habitantes.
El objetivo es ofrecer un servicio unificado cuya «única puerta de acceso», en palabras de Marcos, será el teléfono 012 y que se apoyará en las 24 oficinas de información de las corporaciones locales antes mencionadas. Las entidades financieras participantes en el programa se han «comprometido» por su parte a establecer la figura de «un interlocutor único» por entidad, para facilitar así todo el proceso.
Milagros Marcos reiteró que este nuevo servicio no va a ofrecer «soluciones milagrosas», pero que tratará de «dar respuesta a cada caso». En ese sentido, avanzó que a la hora de renegociar la deuda de la familia se podrán manejar diversas opciones, como «un alquiler que compute como pago de la hipoteca, la restructuración de la propia deuda, el aplazamiento de las cuotas o la reducción de su importe». La consejera remarcó que en cada supuesto se estudiará «la mejor alternativa», entre las que no se descarta «la dación en pago».
En el caso de que se llegue al desahucio, el servicio habilitará «soluciones paliativas», como la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía o «programas de apoyo» como el conocido como «alquiler social», precisó la consejera, para luego insistir en que el programa no supondrá un desembolso adicional para ninguna de las instituciones públicas, ya que los 76 profesionales que trabajarán en él forman parte de las plantillas actuales.
El servicio está orientado fundamentalmente a familias «integradas socialmente» que presenten una situación de riesgo de insolvencia por un sobreendeudamiento que ponga en peligro el mantenimiento de su vivienda habitual. El primer paso será detectar, en fases tempranas, la existencia de una situación de riesgo. La voz de alerta puede llegar de las propias familias, pero también desde los servicios sociales, las entidades del tercer sector o las propias entidades financieras.