La Junta destinará 13,6 millones a las diputaciones y 4,1 a los centros sociales

La Junta de Castilla y León destinará el próximo año 13,6 millones a las diputaciones y se ha comprometido a incrementar esta cuantía al menos un diez por ciento en el 2014 y otro tanto en el 2015. Además, financiará la gestión de centros sociales (discapacidad y salud mental), que dependen de las instituciones provinciales con otros 4,1 millones. También, el Ejecutivo les consultará el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio.

Así lo recoge, según informó ayer Ical, el protocolo sobre ordenación, servicios y gobierno del territorio, rubricado ayer por el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez; el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Miguel Ángel García Nieto, y los nueve presidentes de las diputaciones provinciales.

El reparto de los fondos para las diputaciones se ha establecido en función de la población que tiene cada provincia en municipios de menos de 20.000 habitantes. De esta forma, la Diputación de León recibirá un total de 2,1 millones de euros. Respecto a los fondos para las instituciones con competencias en la gestión de los centros sociales, recibirá en el 2013 1,2 millones la diputación de León.

Este convenio se enmarca en el acuerdo suscrito entre la Junta, el Partido Popular y el PSOE en materia de ordenación, servicios y gobierno del territorio. Asimismo, la partida de 13,6 millones incluye un fondo especial para sufragar el gasto corriente de estas instituciones, que se distribuirá con arreglo a los criterios de la línea territorializada del Fondo de Cooperación Local-Pacto Local. También, recoge un fondo para el sostenimiento de las oficinas de asistencia a municipios y otro para la actualización de las encuestas de infraestructura y equipamiento local.

García Nieto explicó que el convenio firmado concreta los compromisos de la Junta con las diputaciones, después de que se pactara en la Comunidad otras medidas referidas a los municipios. Además, precisó que el protocolo no fija las posiciones de las diputaciones sobre el proyecto de ley de ordenación del territorio, que se presentará antes de que acabe el año, sino que en su momento habrá contactos para tener «la mejor ley». «No incluye ningún otro compromiso más», apostilló. No obstante, no ocultó que con este acuerdo las instituciones provinciales están «más a gusto» y aseguró que «siempre ha estado cerca» de los motivos de la ordenación del territorio. Señaló que en los próximos meses se conocerán más detalles de la ley.