Detectados 4.105 fallecidos como beneficiarios de la Ley de Dependencia
La Junta recibió 19 millones que no le correspondían, según el Tribunal de Cuentas.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, durante la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales.
Un total de 4.105 fallecidos figuraban como beneficiarios de la Ley de Dependencia en Castilla y León, que han supuesto 19.377.223 euros que recibió la comunidad del ministerio sin que le correspondieran entre los años 2007 y 2011, según un informe del Tribunal de Cuentas.
Castilla y León es la segunda Comunidad con más beneficiarios fallecidos de la Ley por detrás de Andalucía, que figura con 4.194. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dio el pasado miércoles un plazo de seis meses a las CCAA para actualizar los datos del sistema de la dependencia, evitar el fraude y mejorar la transparencia, ya que 29.169 fallecidos constaban como beneficiarios, según un informe del Tribunal de Cuentas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia, la ministra Ana Mato explicó que en la reunión con los consejeros autonómicos del ramo, a la que asistió la de Castilla y León, Milagros Marcos, se planteó la necesidad de una «mayor transparencia del sistema», después de tratar, entre otros asuntos, un informe del Tribunal de Cuentas.
El documento, que se encuentra en fase de alegaciones y analiza datos desde 2007 hasta 2011, concluye que constan como beneficiarios 29.169 fallecidos por los que las comunidades autónomas recibieron 140.348.268 euros que no les correspondían.
El Tribunal de Cuentas indica que ha habido «falta de comunicación» de esas muertes por parte de las autonomías a la aplicación informática del sistema de dependencia, por lo que han recibido una «financiación indebida».
Ausencia de control
Apunta, además, a una «ausencia de un adecuado control interno por parte del Imserso como responsable de la administración de la citada aplicación informática, así como de su mantenimiento y actualización».
Según el informe, Andalucía, Castilla y León y País Vasco -4.194, 4.105 y 3.444, respectivamente- son las comunidades con mayor número de beneficiarios fallecidos, mientras que Baleares, La Rioja y Canarias -6, 59 y 197- son las que menos.
Para Mato, estos datos demuestran que «había que hacer modificaciones en el sistema de dependencia» y que las listas tienen que estar «permanentemente puestas al día».
La ministra expuso a los consejeros que el sistema de la dependencia dará prioridad a la prestación de servicios por encima de las ayudas y ha recordado la excepcionalidad de la prestación por cuidados en el entorno familiar, según la redacción de la ley. Subrayó que en la reunión se ha pactado unificar toda la normativa sobre las prestaciones del sistema de la dependencia que quedarán recogidas en un único decreto y que las comunidades autónomas plantearán planes de prevención con iniciativas dirigidas específicamente a las personas mayores.
Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, Asturias y Andalucía, reiteraron sus críticas a la reforma de la ley, al considerar que el Gobierno quiere privatizar el sistema de la dependencia. También Cataluña y el País Vasco se han opuesto al actual modelo de financiación.