Patinazos en la pendiente

Si este viernes no hay gatillazo, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Será el momento para comprobar quién es el culpable de que seis casas situadas en pueblos de León hayan ardido en el último medio año, sin que ningún bombero se acercara a sofocar el fuego. Porque mientras Diputación y Junta se sacuden el polvo de la competencia, nadie acude a apagar las llamas. Quiero pensar que una vez que se clarifique de quién es la responsabilidad, que puede ser en breve, la institución señalada asumirá los costes y reparará los daños de semejante calamidad. Desde luego, si uno mira alrededor, que casi siempre resulta un ejercicio recomendable para bajar humos, no quedan muchas dudas. En Palencia y en Valladolid, los parques de bomberos comarcales son de la Diputación, y en Benavente de la Mancomunidad.

Este año de festejos institucionales -200 de las Diputaciones; 30 de la Autonomía- es el momento para que cada institución empiece a dedicarse a lo suyo, sin sacar los geranios del tiesto. Los países punteros de Europa hicieron en el pasado siglo su reducción de municipios, buscando en cada caso el tamaño mínimo eficiente. El batallón de los perezosos –Grecia, Portugal e Italia- acometió más tarde la reforma. Ya sólo quedamos nosotros con los deberes por hacer. Y aunque se apela para la demora a la resistencia de los habitantes de los municipios afectados, la razón secreta de este olvido tiene más que ver con la ramificación provincial de los partidos y con sus fuentes de subsistencia. Por eso es posible que tampoco ahora salga.

La provincia de León es un ejemplo de ese proceso de reducción municipal. Porque lo llevó a cabo por adelantado. En este momento, sólo tenemos más municipios que Palencia y Soria, prácticamente la mitad que Burgos o Salamanca, e incluso menos que Ávila, Valladolid y Zamora. Tenemos cuatro más que Segovia, que es la única provincia que aumentó su parque municipal recientemente con el pueblo del güisqui Dyc: Palazuelos de Eresma.

Este camino hacia la reforma de la administración arrancó en verano con fuegos fatuos –aquellos anuncios alocados de supresión de las juntas vecinales y de merma de un tercio de concejales-, prosiguió en octubre con la creación de una comisión para poner en limpio la catarata de ocurrencias y fue refrendado en la conferencia de presidentes autonómicos de fin de año. Pero si no nos empujan, aquí no se mueve nadie. Volvemos a tropezar con las mismas piedras del atrabiliario proceso de saneamiento del sistema financiero. Como si ese truco infantil de negar los problemas sirviera para darles solución.

Al principio de esta crisis, los países de la Unión Monetaria sanearon a sus bancos, sin que aquellas ayudas formaran parte del déficit público. En aquel momento, nuestro sistema bancario dio la nota presumiendo de ser el más solvente de Europa. Ahora, el salvamento de los bancos y cajas arruinados por sus ejecutivos incompetentes o derrochadores está cargando sobre el déficit público español decenas de miles de millones de euros, que se recortan de la Sanidad o de la Educación. Y cada día salta un nuevo caso de descaro entre sus gestores. En ese alambre están las cajas que iban a dotarnos de músculo financiero.