La Junta insiste en que la nueva Ley de Ordenación no supondrá más gasto

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago—Juárez, animó hoy a los delegados territoriales de la Junta en las nueve provincias a escuchar las necesidades y las dudas de los alcaldes y concejales sobre el anteproyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, cuya aprobación, una vez que se envíe a las Cortes, plasmará el modelo para garantizar la calidad de los servicios en la Comunidad.

De Santiago-Juárez pidió a los delegados que continúen con la pedagogía para explicar lo que recoge el documento presentado por la Junta del anteproyecto para que los representantes de los ciudadanos en las entidades locales no tengan dudas del modelo que plantea el Ejecutivo. Este es uno de los mensajes que expresó el consejero en la reunión que mantuvo ayer con los delegados en el marco de la Comisión de Coordinación, de cuyo contenido informó la Junta en nota de prensa.

En el mismo sentido, consideró que muchas de las aportaciones recibidas proceden de la confusión por considerar que el anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio puede suponer una carga económica más, algo que no es así, según informa la Agencia Ical, e insistió en que el modelo preserva la autonomía municipal, garantiza la calidad de los servicios en el medio urbano y rural, moderniza las funciones de las diputaciones provinciales para adecuarlas al modelo de ordenación del territorio,y suprime duplicidades y competencias impropias.

Escuchar las propuestas

Para el consejero, escuchar las propuestas y dudas de los alcaldes «es la mejor forma de mostrar que el anteproyecto de ley busca la asociación voluntaria de municipios para prestar los mejores servicios a los ciudadanos y dinamizar la economía de los pueblos, sin la supresión de ninguno de ellos».

En la reunión, informó también a los delegados de la memoria económica que acompañará el proyecto de ley, en la que se estima un ahorro de 231,8 millones de euros a los municipios de hasta 20.000 habitantes cuando el modelo se aplique en su totalidad, si bien en ese cálculo no se recoge el ahorro que supondrá la creación de las quince mancomunidades de interés general urbanas previstas.

Con estos datos, los 1.977 ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes tendrían un ahorro de 82 millones de euros al año; los 212 municipios entre 1.001 y 5.000, un ahorro de 113,6 millones de euros al año; y para los 44 ayuntamientos de entre 5.001 y 20.000 habitantes, el ahorro ascendería a 36 millones de euros.

También detalló las 35 alegaciones presentadas al anteproyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, de ellas 15 corresponden a entidades locales; cuatro de agentes sociales partidos políticos y 16 alegaciones externas de ciudadanos en las que se enmarcan las 13 aportaciones en el portal de Gobierno Abierto.